En la Cámara de Diputados comenzó, poco antes de las 11:00 horas, la interpelación al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

Las preguntas fueron formuladas por la diputada Carmen Hertz, militante del Partido Comunista (PC), y estuvieron dirigidas al ejercicio del cargo ministerial en lo referente a la política de derechos humanos del Gobierno.

En detalle, se le consultó por el retiro del Bono Valech, el proyecto que “otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile”, el cual a su vez fue calificado como “tardío” y “miserable” por la diputada.

El ministro defendió que el retiro fue a causa de una falta de fondos del Gobierno, y aseguró que no es una situación aislada, pues los niños del Sename, las personas en situación de pobreza y muchos adultos mayores también sufren violaciones a los DDHH.

Argumento que la diputada rechazó y calificó como “economicista” e “inadecuado”.

La diputada Carmen Hertz fundamentó reiteradas veces la pertinencia del bono detallando las torturas y violaciones a los Derechos Humanos que describe el Informe Valech, las cuales Larraín reconoció y las calificó como “repudiables”.

Aseguró que, en su lugar, el Gobierno sigue trabajando en otros proyectos reparadores, y que con el retiro del Bono Valech no se acentúa la impunidad, ya que ésta corresponde a la Justicia.

“El término de un proyecto específico no significa el fin de un proceso de transición nacional que se está llevando adelante”, argumentó.

“El sector que yo represento ha apoyado todas y cada unas de las iniciativas” en dirección de reparar las violaciones a los DDHH, aseguró.

Cuando la diputada encaró al ministro por llamar “gobierno militar” a la administración de Pinochet, Larraín dijo que el período fue en efecto una dictadura, y que nadie podría llamarla una “democracia”.

La interpelación fue marcada por protestas tanto de asistentes a la interpelación como de diputados de la oposición.

Oscar Cáceres (RBB)
Oscar Cáceres (RBB)
Oscar Cáceres (RBB)
Oscar Cáceres (RBB)

Consultado respecto de si considera que las víctimas han sido compensadas, el ministro respondió que en Chile “se han hecho esfuerzos serios” por parte de las comisiones, museos, tribunales, tanto en indemnizaciones y en sanciones, pero que “nunca va a ser suficiente”.

Negó también haber reclamado la personalidad jurídica de Colonia Dignidad, asegurando que aquello sucedió cuando no era senador.

Hertz también comparó las pensiones recibidas por las víctimas de los DDHH con las de los militares en retiro, por la gran diferencia en los montos que reciben ambos grupos.

Cuando Hertz mencionó a Álvaro Corbalán, uno de los responsables del operativo que desarrolló la Central Nacional de Informaciones (CNI) en agosto de 1984 para descabezar el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en el sur del país, operación denominada Alfa Carbón 1, el nombre fue recibido con aplausos por parte de oficiales en retiro en la tribuna.

Increpado por el apoyo a la dictadura por parte del sector político de Larraín, este último argumentó que es más pertinente preguntarse “por qué Chile entró a los niveles de violencia que se vieron en los años 60”.

De ésto, culpó a partidos “que están hoy aquí sentados”. Aseveró que el problema es más complejo que “nosotros somos los buenos, ustedes son los malos” y apeló a grados de responsabilidad diferentes por parte de los sectores políticos de la época.

Las protestas en la sala eventualmente causaron que la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, suspendiera la sesión por 5 minutos y que se desaloje la tribuna donde se encontraban manifestantes favorables a Pinochet.

Hertz calificó de “barra brava” de Larraín a dichos manifestantes, y les acusó de ser invitados del Gobierno, lo que el ministro negó.

Increpado nuevamente por el retiro del Bono Valech, Larraín sostuvo que los gobiernos chilenos han trabajado históricamente por reparar el daño. “¿Hemos cumplido con nuestro deber internacional? yo diría que sí”, sostuvo, agregando que “consideramos que hay un deber moral que continúa” y que el actual Gobierno mantendrá.

Aseguró sin embargo que ningún gobierno desde el regreso a la democracia habría aceptado el compromiso del Bono Valech por sus altos costos.

Destacó además que Chile está invitado a trabajar en la formación de protocolos para combatir las violaciones a los DDHH en el Caribe como parte de la agenda en DDHH del Gobierno.

Las bancadas

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Leopoldo Pérez, lamentó el retiro del proyecto, pero lo respaldó debido a los costos.

Por su parte, desde la Unión Democrática Independiente, Javier Macaya, aseguró que Bachelet le dio un cheque sin fondos a Hertz con el Bono Valech, y que “eso le dolería a cualquiera”.

Desde el PS, su jefe de bancada, Manuel Monsalve, increpó a Larraín por respaldar a Colonia Dignidad, asegurando que la posición actual del ministro es un “lavado de imagen”.

“Ustedes negaron la violacion a los DDHH” señaló, y aseguró que Larraín representa a la “derecha fanática” que defiende dicha posición.

Monsalve discrepó sin embargo con Hertz en cuanto a la forma en que la diputada calificó el beneficio, diciendo que el bono “no es un aporte miserable”, argumentando que él mismo pudo estudiar gracias a un aporte de reparación.

Mario Venegas, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, respaldó la postura anterior y defendió la pertinencia del Bono Valech y calificó de “maldad” y “cruel” retirarlo.

“No se puede un día pedir grandes acuerdos y luego negar una pequeña ayuda a quienes más se lo merecen”.

El diputado Miguel Crispi, de Revolución Democrática, desestimó también el argumento “economicista”, y aseguró que el país no ha hecho lo suficiente para reparar a las familias incluidas en el Informe Valech.

Tucapel Jimenez, del PPD, aseguró por su parte que “es imposible hablar de reconciliación con asesinos, con quienes asesinaron a nuestros familiares”.

La diputada Carmen Hertz, terminando la interpelación, twitteó nuevamente atacando el argumento central de Larraín.

Al concluir la interpelación, el congreso aprobó con 73 votos a favor el proyecto de acuerdo que pide al Gobierno reponer proyecto de reparación económica.