Una presentación ante la Contraloría General de la República hicieron las presidentas de la comisión de Educación del Senado y la Cámara de diputados, Yasna Provoste y Cristina Girardi, respectivamente, para que el organismo se pronuncie sobre la legalidad y los costos que tiene la encuesta impulsada por el ministerio de Educación sobre la implementación de la Reforma Educacional.
Bajo el nombre “Cuenta Participativa 2018”, el Gobierno está invitando a la gente a dar su opinión sobre lo que consideran más importante para la ejecución de las leyes y qué idea o sugerencias le gustaría proponer para su implementación.
Sin embargo, no se pide identificación a la persona para dicha iniciativa y desde una misma conexión se puede responder la encuesta tantas veces como se quiera.
Entre los puntos, que según la oposición se buscan tergiversar por parte del Gobierno, esta la implementación del nuevo Sistema de Admisión Escolar, que termina con la selección, como denunció la diputada PPD, Cristina Girardi.
En un texto, que posteriormente fue “bajado” de la página del Mineduc, se señalaba respecto de la Ley de Inclusión que el Gobierno se preocuparía de devolver a los padres el derecho a elegir, además de poder aportar voluntariamente a mejorar la calidad.
También se indicaba que se implementará un nuevo proceso de admisión escolar, ya que el “mérito y el esfuerzo que realizan estudiantes y familias por ser mejores no debe quedar en manos de un proceso aleatorio de matrícula”.
La diputada del partido Comunista, Camila Vallejo, acusó al Ejecutivo de querer boicotear la Reforma Educacional.
La senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, indicó además que se solicitó a la Contraloría auditar los recursos comprometidos en la encuesta.
Según las parlamentarias de oposición, la “Cuenta Participativa 2018” presenta irregularidades ya que contradicen cuerpos legales vigentes, es sesgada y se desconoce la forma en que dicha encuesta se confeccionó.
