En un comunicado público el geógrafo y operador político de la ex Concertación, Giorgio Martelli, negó haber cometido alguna ilegalidad luego de que se revelaran correos que éste habría intercambiado con Felippe Padovani, primer presidente de la empresa brasileña OAS en Chile, involucrada en casos de corrupción.
Gracias a gestiones de Martelli, Padovani sostuvo reuniones con el entonces ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, con el ex titular de Energía Marcelo Tokman y el ex de minería Santiago Gónzalez.
Descartó haber cometido alguna ilegalidad en sus gestiones, defendiendo que “desarrollé actividades profesionales para OAS en el marco de obras de construcción que esta empresa llevaba a cabo en forma legal en Chile, contratada bajo el gobierno del entonces presidente Piñera”.
Agregó que “nunca he trabajado ni he apoyado actividades ilegales de esta empresa en Chile”.
En conversación con Radio Bío Bío, el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, calificó de “graves” las reuniones de ministros de Estado con ejecutivos de esta compañía.
US$60 mil (unos $30 millones de pesos) fue la donación que aparece mencionada en correos entre un ejecutivo de la empresa OAS y el recaudador de las campañas de Frei y Bachelet, Giorgio Martelli.
Así se desprende de un informe de 261 páginas elaborado por la PDI, que fue entregado a la fiscal Ximena Chong hace más de un año y que fue revelado por el diario La Tercera.
La policía tuvo acceso a los correos entre Martelli y el gerente general de OAS Chile donde se menciona la donación del 2009.
Sin precisar si hubo delito o no, para no revelar antecedentes, la fiscal Chong aseguró que esa acción está prescrita, pues los ilícitos electorales prescriben en un año.
Sin embargo, aclaró que estos son antecedentes de una “investigación mayor” en referencia al uso de un Jet privado en la campaña de Marco Enríquez-Ominami, arriendo del aparato que fue donado por OAS.
El presidente del Partido Socialista, el senador Alvaro Elizalde, recordó que OAS se adjudicó una sola concesión en nuestro país y que fue durante el primer mandato del presidente Sebastián Piñera.
Martelli fue investigado por $60 millones de pesos con dos facturas que recibió de OAS en el 2014, pero negó que fueran para la campaña de Bachelet.
Aseguró en su oportunidad que fueron por informes sobre el puente en el canal de Chacao, que en su calidad de Geógrafo, elaboró para la empresa brasileña. Esto descartó una investigación por eventual donación ilegal.
Aunque todo apunta a que los delitos están prescritos, los diputados Juan Antonio Coloma y Paulina Nuñez le pidieron al fiscal nacional Jorge Abbott indagar los hechos.
La investigación a Enríquez-Ominami no es por el uso del jet privado en su campaña del 2013, sino porque presuntamente presentó facturas ante el Servel para reembolsar los gastos del arriendo del aparato, por cerca de $180 millones de pesos, en circunstancias en que los costos los había asumido OAS, lo que configuraría fraude al fisco y delito tributario.
