Renovación Nacional anunció que se querellará por presunto fraude al fisco en un programa social impulsado por la exministra de Justicia Javiera Blanco.
La investigación es impulsa el fiscal del Bío Bío, Marcos Emilfork, a raíz de la investigación de las muertes de los niños del Sename durante la administración anterior.
En tanto, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, anunció un sumario al interior de la cartera, luego de que el exfuncionario Franklin Ceballos admitiera que se le pagó más de $5 millones de pesos por funciones no realizadas.
Durante su investigación, Emilfork descubrió irregularidades en un programa social denominado Ascar, creado para fortalecer las atenciones en las cuestionadas residencias del Servicio.
Sin embargo, en dicho programa se detectó que hubo pagos irregulares o que se hicieron sin haberse prestado los servicios que los motivaban.
Es el caso, por ejemplo, del licenciado en Teología, Franklin Ceballos.
Además de admitir la irregularidad, dijo que fue reclutado para trabajar en el programa tras un almuerzo con el exdiputado Pedro Araya y la exministra de Justicia, Javiera Blanco.
Hechos que revisten la máxima gravedad para el presidente de RN, Mario Desbordes, quien afirmó que la tienda se querellará en contra de quienes resulten responsables del presunto desvío de dineros.
También considera la constitución de una comisión investigadora.
La situación preocupa también en el Palacio de La Moneda, desde donde la vocera, Cecilia Pérez, anunció que se instruyó un sumario administrativo para perseguir las responsabilidades detrás de las irregularidades al interior de la cartera de Justicia.
Las irregularidades denunciadas por Canal 13 señalan que este cuestionado programa social fue reimpulsado por el también extitular de Justicia, José Antonio Gómez.
En este sentido, el exministro habría visado a través de sus asesores la contratación a honorarios de la actriz Ana María Gazmuri, directora de Fundación Daya.
En conversación con Radio Bío Bío, los funcionarios del Servicio Nacional de Menores afirmaron que en su momento manifestaron ante las autoridades ministeriales de Justicia y ante la Contraloría que el programa era inconveniente y afirman no haber sido escuchados.
La directora ejecutiva de la Fundación Daya habría recibido pagos por poco más de $17 millones de pesos por cumplir la función de terapeuta. Sin embargo, ésta explicó que esa sólo era la descripción de la función y que su rol fue hacer 40 charlas durante seis meses.
“No fui contratada como terapeuta, esa es la definición de mis capacitaciones en el contrato. Más bien mi rol era de comunicadora”, indicó.
Tras ello, comenzó “a trabajar en diálogos ciudadanos para abrir espacios de conversación ciudadana, bajar temas como estos y poder socializarlos”, y aseguró no haber sido testigo de irregularidades.
El Ministerio Público sostuvo a T13 que han prestado declaraciones 130 de los 150 funcionarios que trabajaron en el programa Ascar.
La investigación de oficio lleva 1 año y, hasta ahora, hay sólo un imputado: Javier Lagos, quien fuera jefe de unidad de Ascar, y que hoy sigue desempeñándose como funcionario del Ministerio de Justicia.
También se indagan los delitos de realización de función pública diferente (a la contratada) y eventuales falsificaciones de documentos para justificar pagos.
