Después de la postura que ha insinuado el Gobierno sobre la implementación de la ley de Nueva Educación Pública y la posibilidad de que se permita a los municipios, con altos índices de calidad, postergar su ingreso al sistema más allá de 2030; parlamentarios de la oposición decidieron crear un frente de defensa de la educación pública.

El movimiento, integrado por los parlamentarios que integran las comisiones de Educación del Congreso, busca defender los avances que estableció la reforma educacional, y acusan al Ejecutivo de querer retroceder en derechos adquiridos.

La presidenta de la comisión de Educación del Senado, la DC Yasna Provoste, aludió a la indicación del Gobierno sobre el estatuto de los asistentes de la educación.

El senador del PPD, Jaime Quintana, llamó al ministro de Educación, Gerardo Varela, a cumplir la ley y no realizar interpretaciones erróneas sobre la puesta en marcha de la desmunicipalización.

Camila Rojas, diputada de Izquierda Autónoma, comprometió la adhesión del Frente Amplio para defender la educación pública y lamentó que no se quiera respetar los consensos que impulsaron la reforma.

Este grupo de parlamentarios reiteró al Gobierno que no existen excusas para implementar las leyes, acusándolo de querer distorsionar la realidad.