A sólo días de la interpelación al ministro de Salud, organizaciones pro aborto acusaron al titular de la cartera, Emilio Santelices, de poner en riesgo los derechos de las mujeres y torcer el espíritu de la ley con las modificaciones al protocolo de objeción de conciencia que hizo el actual Gobierno.
Se trata de agrupaciones como Amnistía Internacional, Corporación Humanas, el Observatorio de Identidad de Género y la Asociación Chilena de Protección a la Familia (Aprofa), quienes firmaron una carta dirigida a la diputada Marcela Hernando; quien interpelará al ministro.
En la misiva, las agrupaciones tildaron la medida como ilegal y de poner en riesgo la implementación de la ley, ya que permite a las instituciones de salud que privadas abstenerse de practicar abortos, manteniendo sus convenios con el Estado.
La carta fue recibida por la diputada Marcela Hernando, quien afirmó que la interpelación que llevará a cabo buscará que se revierta la medida: negándole a las clínicas la posibilidad de recibir dineros públicos cuando se declaren objetoras.
Argumentos que fueron respaldados por la diputada comunista, Karol Cariola quien afirmó que la modificación del protocolo vulnera lo estipulado en el decreto con fuerza de ley.
Este último rige a los convenios del Estado con privados y señala que quienes prestan servicios al Estado no pueden delegar sus responsabilidades en un tercero en cuanto a la atención de pacientes se refiere.
Por lo tanto, no podrían derivar pacientes como lo plantea el protocolo modificado por la presente administración.
Para el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, se trata de una interpelación que no cuenta con sustento jurídico.
Según él, responde a una confusión de los parlamentarios de oposición respecto del protocolo y vulnera los derechos fundamentales de atención médica de otras mujeres que requieren otras prestaciones ginecobstetras, distintas a las de aborto.
En tanto, a las 10:30 de este miércoles se realizará la interpelación del ministro Emilio Santelices, mientras que en el transcurso de la semana podría conocerse el pronunciamiento de Contraloría respecto de la legalidad de los cambios efectuados al protocolo de objeción de conciencia.
