La Segunda Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de amparo interpuesto por una ciudadana venezolana a quien la Policía de Investigaciones impidió el acceso al país.
Cuestiona interrogatorio de PDI: Suprema acoge recurso de venezolana impedida de entrar a Chile
La situación se dio el pasado 25 de marzo, cuando la mujer intentó ingresar en calidad de turista.
En la oportunidad habría demostrado tener 260 dólares para solventar su estadía y conocer a un chileno en cuya residencia se quedaría durante un mes antes de regresar a su país.
El argumento esgrimido por la PDI para impedirle el acceso, el cual fue desestimado por la Suprema en el fallo, es que la mujer habría mentido durante un interrogatorio al señalar que conocía hace 6 meses al chileno que le hospedaría, y no hace 10 años como decía la carta de invitación de éste.
El mayor tribunal del país, por tanto, revocó la sentencia al considerar que la mujer había cumplido todos los requisitos legales para acreditar su estadía como turista.
En cuanto al interrogatorio efectuado por el agente encargado de su control, la Suprema estimó que era “improcedente” al ya haber cumplido con lo que exige la ley, y que “todas las demás consultas exceden las facultades” de la PDI.
Con éstas, consideró, “no se buscaba verificar o descartar si se cumplían los requisitos” legales, “sino hallar indicios de una intención o finalidad de la amparada de mutar posteriormente su calidad de turista por la de residente, potestad que la ley no le entrega”.
Esto último, porque dicha intención, aunque existiera, “no está proscrita por la ley, desde que la posibilidad de cambiar la calidad de la permanencia del extranjero -de turismo a residencia sujeta a contrato, por ejemplo-, está prevista en el ordenamiento de la especialidad, que contempla el procedimiento a seguir en ese caso”.
