Luego que el Gobierno se mostrara dispuesto a trabajar en la Ley de Imprescriptibilidad de delitos sexuales, víctimas de abusos valoraron la medida, pero llamaron al Ejecutivo a incluir a todas aquellas faltas previas, de manera que no queden impunes.
En mayo de 2010 ingresó al Senado el proyecto de imprescriptibilidad de denuncias de abusos sexuales, el que busca cambiar la actual normativa que declara como plazo para sobreseer las causas, un máximo de diez años después que la víctima alcance la mayoría de edad.
La iniciativa propuesta por el senador PPD Jaime Quintana y el exparlamentario Patricio Walker, fue recogida este jueves por el Gobierno, luego que el ministro de Justicia Hernán Larraín, en una entrevista con James Hamilton, víctima del expárroco Fernando Karadima, reconociera que el Ejecutivo está “dispuesto a trabajar en la materia”.
La víctima y denunciante de la congregación de los Hermanos Maristas, Isaac Givovich, valoró la disposición del Gobierno, pero llamó a las autoridades a considerar también en la iniciativa, una investigación judicial para todos aquellos casos ocurridos hace años, de manera que los responsables no queden impunes.
Givovich aboga por alguna medida que “aunque no permita condenar, si se permita saber la verdad judicial de qué pasó con esos abusos, no sólo en la iglesia, hablemos también del Sename, hogares”.
El senador Quintana, creador del proyecto, llamó a no establecer plazos para investigar delitos de esta connotación, ya que -según planteó- en promedio las víctimas se demoran 20 años en denunciar a sus abusadores.
El proyecto se encuentra desde el año pasado en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta a la espera de su discusión. El parlamentario socialista Alfonso de Urresti, integrante de la instancia, reconoció que no existen plazos aún para tratar la iniciativa.
El anuncio del Gobierno de tratar la llamada Ley de Imprescriptibilidad se da en medio de la carta del Papa Francisco quien pidió perdón y reconoció “errores graves” de valoración y percepción de las pruebas en contra del obispo de Osorno, Juan Barros -acusado de ser encubridor de los abusos de Fernando Karadima-, situación que llevó al jefe del Estado Vaticano a citar a una reunión a las víctimas.
