El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, descartó que el gobierno de Sebastián Piñera otorgue algún tipo de indulto a personas que hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad, en referencia a los reos de Punta Peuco.

“No somos partidarios de indultar a violadores de derechos humanos ni asesinos en series ni pedófilos que han abusado de menores (…) El indulto tiene un problema que no es menor. Altera una decisión de los tribunales de justicia de un largo proceso. Y yo respeto las decisiones de los tribunales, y no me parece que haya que cambiarlos”, señaló Larraín en entrevista con diario La Tercera.

De igual modo, el secretario de Estado afirmó que considera que se podría evaluar si a una persona con una enfermedad terminal o con “demencia severa”, se le puede cambiar su condena a prisión -sin importar el delito que haya cometido- por un arresto domiciliario.

“Cuando una persona, cualquier sea el crimen que haya cometido, por grave que este haya sido, está a punto de morir en una situación de enfermedad terminal, y si a eso se le agrega avanzada edad o está en una situación de demencia severa, enajenado mentalmente que no sabe dónde está parado, me pregunto si corresponde que lo mantengamos preso en la cárcel o si no es más digno desde el punto de vista de la humanidad tenerlo en un arresto domiciliario. Personalmente creo que en una perspectiva más humana es lo que corresponde hacer”, afirmó el ministro.

Respecto al posible cierre de Punta Peuco, Larraín afirmó que el gobierno de Michelle Bachelet fue “irresponsable” en su intento de clausurarlo, pues tuvo muchos años para resolverlo y terminó originado un conflicto innecesario.

“Me parece que el gobierno pasado fue extraordinariamente irresponsable. Porque tuvo muchos años para resolver temas que quiso definir a última hora. Generando, adicionalmente, un conflicto político para el gobierno que asumía. Empañando una legítima fiesta de la democracia como es la asunción de un nuevo gobierno”, apuntó el exsenador por el Maule.

En cuanto al fallido nombramiento del exfiscal del caso Caval, Luis Toledo, como notaria de San Fernando, el ministro de Justicia también cuestionó al gobierno de Bachelet pues “ponía bajo sospecha a quienes son responsables de la fe pública” como los notarios.

“Los notarios son responsables de la fe pública. Son funcionarios públicos que reciben un compromiso y un mandato. No pueden ser designados de una manera que la gente diga qué hay detrás de esto, por qué cambian y, además, con la imprudencia de que el beneficiado era una persona que había estado a cargo de la investigación de antecedentes que afectaban a la familia de la presidenta”, señaló.

Finalmente, sobre los cuestionamientos a su nombramiento en el cargo, Larraín se defendió afirmando que durante la dictadura militar fue un académico que criticó las violaciones a los derechos humanos y que fue elegido senador en dos ocasiones con una alta votación.