Conmoción causó el suspenso en torno al posible cierre del penal Punta Peuco durante la última semana de gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.
Lo que desde la izquierda se consideró como una potente señal en materia de Derechos Humanos, la posibilidad de cierre generó el rechazo de la derecha y especialmente del abogado de los reclusos, Raúl Meza, quien encendió las alarmas un día antes del cambio de mando asegurando que la expresidenta había firmado un decreto supremo que significaba el fin del recinto.
“Se nos ha informado extraoficialmente que, efectivamente, el decreto supremo está firmado por la presidenta Bachelet exactamente hace 24 horas”, indicó, lo que -a su juicio- resultó ser una “maniobra política” para “manchar el inicio no sólo del traspaso de mando, sino también las primeras horas del gobierno de Piñera”.
Pero la segunda administración de Bachelet llegó a su fin. Además, ella misma anunció que no volvería al mundo público, menos a La Moneda, le traspasó el poder de la nación a Sebastián Piñera y Punta Peuco no fue clausurado.
Entonces, ¿por qué Bachelet no cerró el polémico y controversial recinto destinado a condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la Dictadura? Porque el exministro de Justicia, Jaime Campos, no habría querido visar el documento que, además de la firma de la otrora dos veces jefa de Estado, también contaba con el visto bueno del extitular de Defensa, José Antonio Gómez, acción que gatillaba la operación de traslado de los reclusos a Colina I, procedimiento que ya estaba en conocimiento de Gendarmería.
Según consignó La Tercera PM, el exsecretario de Estado “entró en estado de rebeldía con la decisión presidencial. De ahí el críptico ‘no se pudo’ que esbozara la vocera de La Moneda, Paula Narváez, el sábado”.
Fue así como Campos, abiertamente, se habría negado a dar cumplimiento a la orden de su superior, algo que -no obstante- él mismo negó en conversación con el medio. Según dijo, nadie le presentó ningún documento, ni siquiera un borrador del escrito, y que si conversó o no del tema con Michelle Bachelet eso es un secreto entre ambos.
Tampoco quiso referirse a la decisión de no concretar el indulto presidencial para el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna, medida que tampoco habría visto la luz tras su decisión de no firmarlo.
Sin embargo, el cierre de Punta Peuco habría sido simbólico, ya que el recinto se iba a transformar en un edificio acondicionado para atender a reclusas embarazadas y a reos cuya condición de salud ameritara cumplir condena en un lugar especial, diferente a las cárceles comunes a lo largo de Chile.
La decisión de Campos fue confirmada durante la tarde de este lunes por la exsubsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, quien confirmó que el decreto existió y que éste efectivamente contó con la firma de Bachelet, escrito que estipulaba el cambio de calificación y transformación en penal especial.
Debido a lo anterior, una serie de celdas construidas especialmente para recibir a los exmilitares en Colina I quedaron sin usar, con 1.500 millones de pesos invertidos sin cumplir el objetivo para el cual fueron desembolsados.
