Este miércoles, el Gobierno dio suma urgencia al proyecto de ley miscelánea que busca realizar una serie de modificaciones a la medición de calidad de la educación en Chile; específicamente, los resultados del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), la publicación de estos en modo de ranking y las medidas a tomar en casos de liceos con mal desempeño, entre otros.
A través de la Comisión de Educación, la ministra de la cartera, Adriana Delpiano, explicó que buscan prohibir la publicación de las mediciones que realiza la Agencia de Calidad; como, por ejemplo, el Simce.
Lo anterior, con el objetivo de no “tener semáforos para poder catalogar a los colegios”. Es decir, eliminar un indicador que puede generar competencia y juicios entre establecimientos educacionales de forma innecesaria y estigmatizando de paso a varios en el listado.
“Estamos planteando expresamente que no se podrán confeccionar rankings comparativos entre establecimientos. Creemos que es un tema complejo, pero que apunta a un tema de fondo que al país no le ha hecho bien (…): que fue el tener semáforos para poder catalogar a los colegios”, detalló Delpiano a diario El Mercurio.
De esta forma, se busca mostrar sólo cifras agregadas de carácter nacional. Iniciativa que el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad, Carlos Henríquez, también comparte.
“(El proyecto) viene a reforzar la idea de que entregar información de ranking no aporta a la mejora escolar y concentra la atención en algunos colegios, estigmatiza y no coloca la conversación en la mejora de los 12 mil establecimiento del país”, declaró.
Sin embargo, hay quienes critican actualmente la verdadera extensión de las modificaciones.
Jaime Bellolio, diputado UDI, comparte que sea discutible la existencia de rankings, pero se expresa en contra de no mostrar detalladamente a los apoderados la situación que viven los alumnos en los establecimientos educacionales.
“Una cosa es hacer un ranking y otra distinta es que los padres sepan que está pasando con la educación de sus hijos. El primer punto es discutible, porque el Simce no tiene como objeto ‘rankear’ a las escuelas. Pero lo segundo es completamente inaceptable”, sentenció.
“No se puede entender que se realicen acciones con tal de ‘esconderle la pelota’ a los padres y que estos no sepan exactamente qué está ocurriendo con la educación de sus hijos. Es lo contrario de lo que debiera ocurrir”, finalizó.
Otras modificaciones del proyecto
Además de lo mencionado anteriormente, el proyecto busca también entregar más recursos a escuelas que se encuentran en hospitales y cárceles del país.
Y otro punto interesante es lo que se busca realizar con los colegios que presentan malos resultados en exámenes como el Simce.
En ese sentido, se busca el cierre de establecimientos públicos y privados que arrojen mal desempeño y que no mejoren en un periodo máximo de 8 años.
Esto significaría extender el periodo que existe actualmente, el cual es de 4 años.
Bellolio también criticó esta medida, señalando que pese a que ya existe “el periodo de 4 años” todavía no se ha cerrado ninguna escuela, por lo que no existiría justificación para aumentar ese plazo.
“¿Cuál es la evaluación que los lleva a decir que tienen que ser 8 años?”, preguntó.
