El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, calificó como “insuficiente” el proyecto de ley que incorpora normas de probidad en Carabineros presentado por el Gobierno este lunes, argumentando que éste “no aborda el problema de fondo”.
El proyecto, que será analizado en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, considera la entrega anual de información de los planes de compra al Ministerio del Interior, además de auditorías internas y políticas de recursos humanos.
Además, también se incorporarían el “principio de probidad administrativa” y la obligación de someter a toma de razón en Contraloría “sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias”.
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Drago opinó que, además de la entrega de información periódica, la policía uniformada necesita implementar auditorías externas e independientes sobre sus recursos.
El proyecto de ley, según su introducción indica, busca enfrentar lo que es “uno de los momentos más complejos” de la historia de Carabineros, “debido a graves irregularidades vinculadas principalmente al manejo de fondos institucionales, lo que ha evidenciado que los controles internos y externos a los que está sujeta la institución, no han sido capaces de detectar oportunamente este tipo de hechos”.
El fraude interno en Carabineros ya se eleva por sobre los $26 mil millones, con más de 100 imputados y un exgeneral director formalizado.
“Cuando decimos que Carabineros de Chile debe ordenar la casa, nos referimos a un trabajo profundo y estructural. Acá debe haber transparencia hasta que duela”, sentenció Drago.
También destacó que “la iniciativa aborda la problemática de manera superficial. Nosotros esperamos algo que haga remecer la institucionalidad positivamente y de cara al país”.
“Los chilenos y chilenas están esperando mucho más de la policía uniformada. Es apremiante que Carabineros reporte información fehaciente al Gobierno, pero también es urgente que se establezca un sistema de auditorías externas e independientes que logren reorganizar a la institución”, agregó la autoridad.
También apuntó que se requiere una profunda revisión de los manuales de doctrina y ética, así como el establecimiento de un canal de denuncias y una reestructuración de los procesos internos en la institución.
“Es momento de implementar los más altos estándares de transparencia en esta institución, facilitando el acceso a la información de las personas y adoptando una política de sobriedad en el uso y manejo de los recursos públicos”, reafirmó Drago.
