El pasado 16 de enero, el diputado Fuad Chain (DC) envió un oficio al fiscal nacional, Jorge Abbott, para solicitarle que el Ministerio Público investigue supuestas irregularidades que se habrían generado en la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) bajo la administración que encabeza el ex ministro de Energía y actual gerente general de la empresa estatal, Marcelo Tokman.

Los antecedentes que entregó el parlamentario habían sido denunciados sólo unos días antes por un grupo de dirigentes sindicales ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, sesión a la que asistió Chain sin ser miembro. Los hechos involucran el gasto millonario que está efectuando ENAP para estandarizar su imagen corporativa, el uso de los recursos por más de US$ 350 millones destinados al Proyecto Incremental Área Magallanes (PIAM) y la venta del edificio corporativo que realizó la compañía (ver oficio del diputado Chain).

Respecto a este último punto, en paralelo, la Contraloría General de la República emitió un informe en el que cuestiona varios aspectos de la venta de las antiguas oficinas y del contrato de arriendo de las nuevas dependencias. Entre ellos, que el contrato a 15 años resulta US$ 8,3 millones más caro que la enajenación del anterior edificio corporativo, que no habría existido la respectiva autorización del directorio para una fase del proceso y que la petrolera estatal no pudo justificar los motivos que llevaron al cambio de oficinas.

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Posteriormente, el 1 de febrero, Jorge Abbott le remitió el oficio y los antecedentes correspondientes al fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, para que los revisara (ver oficio del fiscal Abbott). Él fue quien dio curso a la investigación.

Fuentes de la fiscalía consultadas por Radio Bío Bío aseguran que durante las últimas semanas el fiscal Guerra le ordenó a la Unidad de Alta Complejidad que iniciara la indagatoria. También habría incluido el conflicto de interés que afectó a la directora de ENAP, María Isabel González, con una sociedad proveedora donde los dueños son su ex esposo y sus dos hijas. Esos últimos antecedentes no estaban entre los que entregó Chain a mediados de enero, sino que fueron enviados de forma paralela por la Contraloría al Ministerio Público.

Consultado sobre la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación por posibles faltas penales, el diputado Chain señaló a Radio Bío Bío que “es una gran noticia. Me parece muy importante que cuando hay hechos que puedan revestir el carácter de delito, el Ministerio Público los investigue”. Agregó que “las irregularidades que se han denunciado en ENAP son graves, no solo lo del edificio corporativo donde la propia Contraloría formuló observaciones y remitió los antecedentes al Ministerio Público, sino que también los US$ 4 millones que se están despilfarrando en la estandarización del logo corporativo y lo que ha ocurrido con algunos proyectos, en particular en Argentina, donde se han invertido millones y millones de dólares sin mostrar resultados”.

Desde la compañía estatal indicaron que “no hemos sido notificados ni estamos informados del inicio de investigación alguna por parte de la Fiscalía y descartamos que exista alguna irregularidad”. Añadieron que “para ENAP constituye una excelente oportunidad para demostrar que no existe ninguna infracción respecto de estas acusaciones y, como ha sido nuestra permanente línea de acción con todos los organismos fiscalizadores, entregaremos todos los antecedentes que se requieran” (ver respuesta completa de ENAP).