Diferentes medidas tomaría el futuro gobierno de Sebastián Piñera respecto del funcionamiento de Carabineros, después del bullado caso de la Operación Huracán, en la que se contraponen las versiones de la policía y de la Fiscalía.
A contar del 11 de marzo, apenas comiencen las funciones del nuevo gobierno de Sebastián Piñera, la administración entrante tendrá que resolver cómo enfrenta las consecuencias del polémico caso y uno de los posibles cambios sería la destitución del general Bruno Villalobos.
Según consignó La Tercera, desde el primer minuto, el futuro mandatario evaluaría la continuidad o destitución del general director de la policía uniformada. Los nombres que más fuerte suenan entre los cercanos al mandatario electo serían los generales Hermes Soto y Álvaro Altamirano.
Y no sólo eso, puesto que otra de las medidas que se concretarían bajo el gobierno de Piñera sería la de separar claramente las funciones de las dos policías nacionales. Mientras la PDI se enfocaría en las labores investigativas de los casos, Carabineros lo haría en las funciones preventivas del delito.
El diputado de la Unión Demócrata Independiente y parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Juan Antonio Coloma, coincidió con la idea de reformular las funciones de ambas policías, añadiendo, además, que un cambio de director general de la institución le compete exclusivamente a Piñera, pero que sería una señal clara, a diferencia de lo mostrado por la actual administración.
En tanto, el senador de Renovación Nacional por la región de La Araucanía, José García Ruminot, indicó que la separación de tareas entre la Policía de Investigaciones y Carabineros es parte de la discusión que deberán plantear en el Senado respecto de la modificación del sistema de inteligencia nacional.
Además, agregó que, a su parecer, Carabineros ya tiene conocimiento de lo que ocurrió realmente con la eventual adulteración de pruebas en el marco de la investigación.
“Acuerdo nacional”
El diputado demócrata cristiano y también parte de la comisión de Seguridad Ciudadana, Matías Walker, indicó que el principal problema que presenta la ciudadanía tiene que ver con la seguridad, por lo que urge un acuerdo nacional para modernizar las instituciones pertinentes, como una de las medidas que debe tomar el futuro gobierno de Sebastián Piñera.
Durante la próxima semana, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revisará la apelación del Gobierno al sobreseimiento decretado contra Héctor Llaitul y los otros siete imputados del Caso Operación Huracán, mientras que en Temuco comenzará juicio oral del denominado “Caso Iglesias”, que involucra a cuatro comuneros imputados por la quema de un templo evangélico en Padre Las Casas.
En tanto, el próximo viernes 2 de marzo, en el Juzgado de Garantía de Temuco comenzarán las declaraciones de los involucrados en posible manipulación de evidencia en Operación Huracán.
