El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, se refirió al informe de la Corte Suprema sobre la preocupante situación al interior de las cárceles chilenas, elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema.

“Por cierto que no podemos dudar ni controvertir lo que ahí está contenido (…) No nos sorprende para nada el contenido del informe, es lo mismo que la Fiscalía Judicial ha venido señalando hace 15 años. Las situaciones ahí narradas y contenidas las conocíamos y no constituyen novedad para nosotros,”, comenzó diciendo el jefe de la cartera.

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Sin perjuicio de lo anterior, el abogado aseguró que el Gobierno y su ministerio ya han hecho “lo que correspondía” hacer en este caso: elaborar un nuevo reglamento penitenciario y una nueva política nacional sobre reinserción. Indirectamente llamó a otros organismos a cumplir con su parte.

“Lo que nos llama la atención es que acá hay dos hechos que no han sido informados adecuadamente. Lo primero, es reiterar que con fecha 27 de abril de 2017, a pocos meses de haber asumido el ministerio, firmamos el Decreto Supremo 382, que establece el nuevo reglamento penitenciario en Chile. Un conjunto de normas a que deben someterse todos los establecimientos del país y que regulan las actuaciones de los condenados y de los funcionarios de Gerdarmería, incorporando la variable del respeto a los Derechos Humanos de todos ellos”, precisó Campos.

“De manera que la inmensa mayoría de las observaciones o reparos de la Fiscalía Judicial están resueltas, recogidas, en este decreto que debió haber entrado en vigencia el 1 de diciembre de 2017 , pero que todavía no entra en vigencia porque la Contraloría General no ha tomado razón de esto”, dijo el secretario de Estado, apuntando sus dardos hacia el contralor.

Por lo tanto, Jaime Campos, afirmó que su ministerio “ha cumplido cabalmente lo que correspondía hacer sobre el particular”.

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“Lo segundo, durante todo el transcurso de 2017, y a instancias de este ministerio, convocamos a todos los actores involucrados en materia de reinserción social, tanto del sector público como privado, instituciones morales, religiosas, académicas, ministerios, etcétera, y durante un año de manera silenciosa trabajamos en la elaboración de una política nacional, pública e integral en el ámbito de la reinserción social, puesto que nunca en la historia de Chile se había construido una para los condenados”, agregó el ministro.

Esta política, dijo además, ya fue entregada a Michelle Bachelet, al presidente electo Sebastián Piñera, al papa Francisco en su visita y a todos los ministros de Justicia de Iberoamérica.