Un vuelco dio el jueves la Operación Huracán luego que el mando de Carabineros anunciara la remoción de 3 altos oficiales y la desvinculación de un civil relacionados con la cuestionada indagación que ahora está en manos de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI).

Así lo comunicó el general director, Bruno Villalobos, quién desde la Escuela de Carabineros señaló que tras analizar la “vista fiscal” que va dejando el sumario que sigue en curso y que lidera el subdirector de la institución, general inspector Julio Pineda, decidió acoger las recomendaciones y dar de baja a quienes tendrían responsabilidad administrativa en hechos vinculados a este escándalo.

En esta línea, Villalobos anunció que el general Marcelo Teuber, el mayor Patricio Marín y el capitán Leonardo Osses, los tres hasta 2017 a cargo de la operación de inteligencia en la macro zona Araucanía, se les notificó la baja de la institución.

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Mientras que el ingeniero, Alex Schmidt, conocido como el “profesor” y creador del software Antorcha que originó el escándalo, se le puso término a su contrato con Carabineros.

El general Villalobos, tal como dictan los protocolos al tratarse de oficiales nombrados bajo decreto supremo, informó al ministro del Interior sobre la decisión basada en la vista fiscal del sumario.

Punto que subrayó la autoridad policial, para excusarse de entregar detalles de las faltas que cometieron.

Dicho eso, según altas fuentes de la institución, la responsabilidad administrativa estaría dada por errores procedimentarios en el trabajo de Inteligencia, por ejemplo desprolijidades en el desarrollo de la investigación y custodia de la evidencia, sumado a la forma en que se procesó y trabajaron los datos obtenidos por Inteligencia, entre otros, pero -las mismas fuentes- indicaron que en ningún caso el sumario ha establecido que se haya detectado una manipulación de pruebas o algo similar a lo denunciado por fiscales.

Esta decisión del mando de Carabineros abre la puerta a las dudas sobre la continuidad del general inspector y jefe de Inteligencia, Gonzalo Blu, quién firmó los informes 130 y 202 que según el Ministerio Público están llenos de información falsa, sumado a que su gente estaría tras la implantación de datos falsos en los teléfonos de los 8 mapuches detenidos en septiembre.

General Blu. Cristóbal Escobar | Agencia UNO
General Blu. Cristóbal Escobar | Agencia UNO

El abogado de Héctor Llaitul, Rodrigo Román, indicó que espera que el hilo no se haya cortado por lo más delgado y que el Gobierno también asuma las responsabilidades políticas.

Héctor Llaitul. Sebastián Beltrán Gaete | Agencia UNO
Héctor Llaitul. Sebastián Beltrán Gaete | Agencia UNO

Pero esta decisión llegó horas después que el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet tomara distancia de Carabineros y saliera a reconocer por primera vez en tres semanas la existencia de antecedentes que demostrarían que sí hubo manipulación de pruebas.

Y claro, porque si en un comienzo la postura del Ejecutivo, incluida Bachelet, era esperar el desarrollo de la indagatoria para ver quién decía la verdad, carabineros o fiscales, ayer jueves el Gobierno fue claro en que se abren a la posibilidad de que sí hubo manipulación de las pruebas como hecho cierto.

Lo hizo el portavoz de verano, el ministro (s) de la Secretaría General de Gobierno, Omar Jara, quien explicó que la postura se generó a raíz del diálogo que se produjo en las últimas 48 horas entre el abogado de Interior, Matías Moya, y el fiscal a cargo de investigar las aristas del caso, Carlos Palma.

Información que, sumado a la carpeta que les compartió el abogado de Llaitul, sirvió para formarse una impresión en hecho y derecho de las irregularidades.