El senador de la UDI, Alejandro García Huidobro, y los diputados Issa Kort y Javier Macaya -del mismo partido-, llegaron hasta la Contraloría General de la República a denunciar lo que ellos llaman el amarre de los “operadores políticos” de cara al cambio de gobierno.
Centrándose en casos en el gobierno regional de O’Higgins y del Indap de esa región, los parlamentarios acusan que se está contraviniendo una circular que emanó el Ministerio del Interior en diciembre pasado en donde se pedía que “intendentes, gobernadores, asesores a honorarios y funcionarios cercanos a las autoridades deberán cesar en sus cargos el día 11 de marzo de 2018”.
Lo anterior, en paralelo al requerimiento presentado por el también diputado UDI, Juan Antonio Coloma y su par de RN, Leopoldo Pérez, por una circular del Ministerio de Hacienda en donde se instruye el traspaso de honorario a contrata a un máximo de ocho mil funcionarios.
Lee también: Chile Vamos pide a Contraloría que indague llamados para cargos públicos a última hora
Esa situación fue justificada por Hacienda, que habló de normas legales aprobadas por el Congreso.
Pero el senador García Huidobro acusó maniobras para amarrar funcionarios, al igual que Javier Macaya, quien indicó que los funcionarios del Estado a contrata no deben temer con la llegada del nuevo gobierno, pero sí a quienes denominan “operadores políticos” de la Nueva Mayoría.
En campaña, los trabajadores públicos se enfrentaron a Piñera por aludir a que sacaría un par de decenas de miles de operadores políticos para financiar su programa de gobierno, a quienes de paso calificó en ese entonces como “grasa del Estado”.
Por su parte, La Moneda ayer se defendió de dichas críticas y calificó el reclamo de la derecha como una polémica artificial.
