A diez años de que se terminara de implementar la reforma procesal penal en Chile, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, analizó el sistema y concluyó que existen mayores cargas laborales en algunos juzgados de garantía y barreras para distribuir de manera equitativa las labores entre estos tribunales y los de juicio oral.
Además, el informe del organismo detalla que falta mejorar la calidad de las investigaciones criminales porque no existen indicadores que las evalúen.
El director ejecutivo del centro, Jaime Arellano, aseguró que falta que las policías -especialmente Carabineros- cumplan los estándares exigidos por la reforma en materia de investigación.
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Trinidad Steinert, detalló que faltan facultades para verificar la veracidad o procedencia de las pruebas aportadas por las policías.
“No debieran existir normativas que no permitan a los fiscales verificar la veracidad de la información o de la evidencia” aportada por las policías, sostuvo.
Agregó que “toda normativa debe ir dirigida con el control que pueda hacer efectivo el control del Ministerio Público”.
El estudio también concluye que falta de una política de persecución penal por parte del Ministerio Público que defina qué delitos se persiguen con más fuerza año a año, además de problemas de coordinación inter-institucional.
