Sin mayor discusión, el gobierno logró despachar de la Comisión de Hacienda del Senado el proyecto de Educación Superior, quedando listo para su votación en sala. Aquello podría suceder durante la tarde del martes, si es que la secretaría logra tener listo el informe.

Tras ello, la iniciativa deberá volver a ser revisada por la Cámara de Diputados para visar los cambios realizados por la Cámara Alta en su segundo trámite.

Portazo al fortalecimiento del G9

Uno de los puntos que generó mayor debate fue la demanda que levantaron las universidades del G9, de contar -al igual que los planteles estatales- con un plan de fortalecimiento de 100 mil millones de pesos, como plantearon los senadores de oposición Juan Antonio Coloma y José García; sumado al DC Jorge Pizarro.

Pese a la argumentación de que las planteles privados del Cruch se verían discriminados, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, señaló que no había ninguna posibilidad de acoger lo solicitado por el G9.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó las razones por qué consideran que el reclamo de los rectores del G9 no es ajustado a la realidad.

60% de gratuidad

En cuanto a la gratuidad, está se aprobó tal como salió desde la Comisión de Educación; es decir, el proyecto la garantiza hasta el sexto decil y el aumento hasta llegar a la universalidad del beneficio quedará sujeto a la carga fiscal estructural y la voluntad política del Gobierno de turno para hacerlo efectivo.

El senador Carlos Montes (PS), si bien valoró el mecanismo para llegar a la gratuidad universal, reconoció que la actual administración pudo haber dejado amarrado el aumento al séptimo decil, considerando las expectativas económicas del país. En ese sentido, adelantó que ese será uno de los temas por el cual los estudiantes presionarán a Sebastián Piñera.

El parlamentario también advirtió a los diputados de la Nueva Mayoría que terminar con el proyecto en una Comisión Mixta pondrá en riesgo, entre otros puntos, la gratuidad.

Fin al CAE para 2018

Por último, en la iniciativa se modificó el año en que se deberá mandar al Congreso un proyecto para reemplazar el CAE: quedó para 2018, ya que la actual administración no cumplió con mandarlo el 2017.

Asimismo, hubo que afinar la redacción y establecer que ya no será la Presidenta sino que el Presidente el encargado de hacerlo.