El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) afirmó que acatará el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que declaró que varios de los preceptos de la nueva ley que fortalecía la institución eran contrarios a la Carta Magna.

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Sin embargo, la institución dirigida por Ernesto Muñoz vaticinó que los efectos de la determinación serán “catastróficos” puesto que “debilita de manera importante un proyecto cuyo principal objetivo era equilibrar la cancha entre empresas y consumidores”.

El fallo del TC impidió que la institución pudiese ejercer su facultad fiscalizadora y a la vez aplicar sanciones, manteniendo esta potestad en el Poder Judicia, bajo el argumento que ella es de “naturaleza jurisdiccional” y reafirmando lo planteado por opositores a la norma que la criticaban por dejar al Servicio como juez y parte.

En esta línea, Muñoz dijo que “la incapacidad sancionatoria del Sernac es uno de los factores relevantes que facilita la reiteración de malas prácticas en los diversos mercados. Una prueba de ello, es el aumento de los reclamos, los que, por ejemplo, en 2017 registraron un alza del 27% respecto de 2016. Además, el 90% de los consumidores que llegan al Sernac, ya vienen con una respuesta negativa de la empresa”.

Otro de los aspectos que criticó el funcionario fue que se le impidiera a la institución que dirige, poder comandar acuerdos conciliatorios entre los consumidores y los proveedores.

Una herramienta que, según dijo, “tenía como objetivo, llegar a soluciones rápidas y efectivas sin tener que acudir a los tribunales de justicia”.

Y si bien el fallo del Tribunal Constitucional establecía que la cercanía geográfica y comunitaria de los Juzgados de Policía Local, era un elemento que validaba a dichos estamentos para recibir los reclamos de los consumidores, para Muñoz, esto implica que los denunciantes deberán continuar “invirtiendo tiempo y dinero (una notificación puede costar cerca de $40.000) en un escenario que, siempre será más cómodo para las empresas, quienes, por regla general, cuentan con asesoría legal para su defensa particular”.

La institución reafirmó que el fallo del TC viene a favorecer a las “malas empresas” quienes, según dijeron, podrán arriesgarse a incumplir la ley sin tener mayores efectos adversos, optando por pagar multas en vez de modificar las malas prácticas.

“El fallo refleja la visión de los gremios que se opusieron desde un principio a la tramitación del proyecto y rechaza las normas aprobadas por el Congreso Nacional después de más de tres años de tramitación legislativa”, sentenció Ernesto Muñoz.