El presidente del senado, Andrés Zaldívar, dijo que aceptará la designación del Senado y de la Cámara de Diputados para integrar el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, organismo a cargo de velar por el correcto uso de los recursos públicos en el Poder Legislativo.

“Voy a insistir en algo, que a lo mejor la gente no cree, yo no he perseguido nunca este cargo. Lo he hecho principalmente por que los senadores en unanimidad me han pedido que participara”, dijo el cuestionado parlamentario.

Zaldívar dijo aceptar las críticas,a pesar de considerarlas injustas, ya que en democracia se debe estar abierto a recibirlas, pero llamó a quienes lo han vapuleado a “informarse un poco más de lo que ha sido su conducta de vida, en la vida pública”. Además, el parlamentario aseguró que las razones que le dieron los que votaron en su contra no eran personales ni hacia su figura, si no que anexas.

Respecto de las amenazas y negociaciones de votos que, a partir de su designación, han hecho en la DC para la selección de las presidencias de las cámaras -y las comisiones-, Andrés Zaldívar dijo que son ellos quienes “deben ver su tema político y no tienen por qué vincularlo con mi persona”. El senador aseguró que su nuevo cargo no estaba planteado como orden de partido, sin embargo, agradeció que hayan convertido el tema en uno partidario y cooportativo.

Sobre la duración de la Nueva Mayoría, el futuro miembro del Consejo de Asignaciones recordó que este era un pacto de gobierno. “La Nueva Mayoría sabemos que era un pacto de gobierno, deja de existir el 11 de marzo, cada partido verá que hace pero la DC desde ya será oposición”, afirmó.

Por último, Zaldívar negó que esta nueva designación le suponga renunciar al Congreso o a su dieta ya que no hay inhabilidades y se trata de una nominación que se ha hecho conforme la ley.

Cabe recordar que las voces disidentes al nombre de Zaldívar argumentaban que: se trata de una persona bajo investigaciones del Ministerio Público; que fue derrotado electoralmente en noviembre; que ejerció el cargo que es requisito para su designación -ministro de Hacienda- en los años 60, y que se negó a colaborar con la Fiscalía cuando esta requirió los informes de las asesorías del Senado, precisamente, para velar por el uso de recursos públicos.