Con fecha 5 de enero, mientras Hugo Dolmestch era aún el presidente de la Corte Suprema, el máximo tribunal del país envió una carta a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, en donde manifiesta su preocupación por la situación de niños, niñas y adolescentes que requieren medidas de protección por parte de tribunales del país.
En la misiva, la corte acusa que las ordenes que disponen mediante sus resoluciones no son cumplidas a cabalidad ni con prontitud por parte de la institucionalidad existente en materia de familia, apuntando especialmente al Sename.
Afirman que las decisiones del Poder Judicial dirigidas a la tutela y protección de niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad, a su rehabilitación o a la restitución de sus derechos, no se ejecutan efectivamente por culpa de “las debilidades en la función que están llamados a cumplir otros actores”.
Ante ello, agregan, han tratado de cooperar con una postura proactiva durante años, dentro de su competencias y posibilidades, poniendo recursos humanos y materiales para ello.
El tribunal supremo reconoce tener conciencia de los esfuerzos legislativos que se están haciendo en este tema, sin embargo, afirman que la gravedad de las deficiencias en el sistema de protección de menores los lleva a mostrar su “preocupación por la escasa amplitud y baja calidad de la oferta de los planes y programas de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social, vulnerabilidad y conflicto con la justicia”.
Por último, puntualizan los problemas a los que alude: insuficiencia a nivel presupuestario, programático e indispensable cualificación de los encargados de centros, instituciones y residencias en los que se procura indemnidad y bienestar de menores.
