Luego que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) confirmara que SCA y CMPC se coludieron para obtener beneficios en el mercado del papel tissué, la organización del grupo Matte reaccionó a esta decisión, a diferencia de su contraparte.
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Y es que si bien la instancia no sancionó pecuniariamente a La Papelera, esta última reconoció los hechos y puso en relieve la autodenuncia que realizó en marzo de 2015, cuando, aseguraron, se conocieron los resultados de una investigación interna.
CMPC lamentó los alcances que esta colusión tuvo para sus trabajadores, ejecutivos y clientes, y a la vez afirmó que han implementado una serie de medidas para evitar que vuelva a ocurrir una situación similar.
“Entre otras medidas, hemos reforzado nuestro gobierno corporativo, modificamos la estructura organizacional, renovamos la plana ejecutiva, implementamos nuevos controles internos y capacitaciones permanentes en materias de ética y competencia”, detallaron desde la empresa.
En esta línea, detallaron que aplicarán íntegramente el programa de cumplimiento dispuesto por el TDLC, del cual, varias acciones ya se encuentran implementadas.
Restitución a clientes
Otra de las medidas que formaron parte de la compensación a los chilenos afectados por la denominada “Colusión del Confort”, fue el pago de una restitución monetaria que se calculó, por parte de CMPC, en US$150 millones.
Esta medida, aseguraron, fue acogida voluntariamente luego que fuera propuesta por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y organizaciones de consumidores.
La Papelera aseguró que el monto “corresponde a casi seis veces la multa máxima a la que se hubiese expuesto la empresa en caso de no haber existido la delación compensada”.
Ante la demora en el pago de los cerca de $7 mil que le corresponden a cada chileno, la empresa aseguró sentirse decepcionada “porque estos fondos aún no puedan ser distribuidos a los consumidores, debido a razones que escapan a la voluntad de CMPC”.
Agregaron que si bien el monto ya se encuentra depositado en BancoEstado, una serie de procesos judiciales impiden su distribución, la que se realizará una vez concluídos e incluirá los intereses devengados, “de acuerdo al mecanismo que determine la instancia que encabeza el Sernac”.