Hasta el 17 de enero tienen plazo Corfo y SQM para alcanzar un acuerdo como parte de la conciliación que iniciaron este lunes, luego de que la minera no metálica, junto a Potash y Pampa, propusieran que Julio Ponce Lerou pierda el control de la firma hasta 2030.
El documento será revisado en los próximos días por la agencia estatal, ante lo cual el ministro de Economía, Jorge Rodríguez, se mostró optimista de sellar un pacto antes de que termine esta administración.
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Recordemos que el consejo directivo de Corfo podría votar la próxima semana la aprobación del acuerdo que la agencia estatal alcanzaría con SQM, como parte del proceso de conciliación iniciado con la minera no metálica por el arrendamiento del Salar de Atacama.
Esto, tras la reunión que el lunes sostuvieron representantes de Pampa, SQM y Potash con el vicepresidente ejecutivo de la corporación, Eduardo Bitrán, instancia en la que propusieron cambios al gobierno corporativo de la firma, incluyendo que Julio Ponce Lerou deje el control indirecto de ésta, al menos, hasta 2030.
Este es un punto intransable para Bitrán, pues según dijo en octubre, las prácticas del gobierno corporativo de la firma en el pasado no son compatibles con el futuro de la industria del litio y el rol que este jugaría para el país en los próximos años.
Al respecto, el ministro de Economía, Jorge Rodríguez, aseguró esperar que el acuerdo se cierre durante esta administración y destacó que éste sería positivo para el país.
De concretarse, el acuerdo podría contemplar el aumento de las cuotas de extracción de litio de SQM en el Salar de Atacama, la que al ritmo actual se acabaría en 2022, a pesar de que el contrato de arrendamiento caduca en 2030. Ello, ante el riesgo de dejar a Chile ocho años sin la explotación de este mineral clave para el futuro, pues éste es fundamental -por ejemplo- en la industria de los autos eléctricos.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, calificó como una “buena noticia” la posibilidad de que el acuerdo se destrabe y destacó que ello también implicaría mayores ingresos para el Fisco.
El lunes comenzó a regir el periodo de 30 días corridos de suspensión del arbitraje entre ambos, luego de que en octubre pasado fracasara el acercamiento ante la Cámara de Comercio de Santiago, puesto que la estatal acusa a la compañía de no haber pagado las rentas al Estado, de ocultar información, de actuar de mala fe y de haber dañado la integridad del Salar de Atacama.
