En tres frentes está accionando el ministro Mario Carroza para traer de regreso a Chile a los autores del crimen del senador Jaime Guzmán ocurrido hace 26 años.

En agosto pasado el juez pidió la extradición a México de Raúl Escobar Poblete y este lunes realizó un trámite similar respecto a Ricardo Palma Salamanca, quien se encuentra en Francia, y Sergio Galvarino Apablaza, que perdió su calidad de refugiado político en Argentina.

Sobre la inexistencia de un convenio de extradición con la justicia francesa, el ministro Carroza le restó importancia a la hora de proyectar el destino de sus gestiones.

Además informó que sólo reiteró la orden de captura internacional y explicó que no es necesario pedir nuevamente la extradición de Apablaza, pues -según estima- la decisión de la Corte Suprema argentina, que en el 2010 concedió deportarlo a nuestro país, sólo estaba suspendida con el asilo político.

“La extradición ya fue solicitada. En la argentina también ya fue concedida”, sostuvo.

Para el abogado de Apablaza en Chile, Alberto Espinoza, la responsabilidad del exfrentista está prescrita e ironizó con lo dicho por Carroza. “Resucitar ese procedimiento de extradición me parecería bastante insólito desde el punto de vista jurídico, porque ha transcurrido un espacio de tiempo significativo y el tiempo en materia jurídica produce efectos que son extintivos de la responsabilidad penal”, recalcó.

El juez esta mañana recibió en audiencia al vicepresidente de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma, y al diputado de ese partido Issa Kort, quienes anunciaron gestiones diplomáticas para apoyar las extradiciones desde México, Francia y Argentina.

En tanto, Coloma descartó cualquier posibilidad de prescripción de la responsabilidad penal de los exfrentistas. “Es muy importante que sea la justicia chilena la que pueda esclarecer -aunque sea después de 26 años- realmente qué pasó. Y hoy estamos más cerca que nunca”, señaló.

La carta rogatoria a Francia y la orden de captura para reactivar la extradición a Argentina, deben ser revisadas por la sala penal de la Corte Suprema, la que remite después los antecedentes a la Cancillería, que es la encargada de presentar los requerimientos en los distintos países. En tanto, la orden respecto a Escobar Poblete en México ya fue visada por el máximo tribunal.