Continúa la polémica por el cierre del Penal Punta Peuco luego de las declaraciones que este jueves emitió el ministro de Justicia, Sergio Campos, quien fue acusado de desconocer el compromiso que Michelle Bachelet hizo a Carmen Gloria Quintana en 2015.

Esta mañana, al llegar al Ministerio de Justicia, Campos matizó sus declaraciones asegurando que su cartera, a través de Gendarmería, está estudiando la situación del penal, pero que en definitiva no se ha tomado ninguna decisión.

El ministro también fue consultado respecto de la carta que Quintana, víctima del caso Quemados, le escribió desde Canadá acusándolo de insensible. “No, no la he leído”, afirmó.

A propósito de las peticiones de renuncia que surgieron desde diputados oficialistas, Campos dijo que su permanencia en el cargo depende de la presidenta Michelle Bachelet y no de los parlamentarios.

Asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos llegaron al ministerio de Justicia a dejar una carta a la oficina de partes para sumarse a la petición de renuncia de Campos.

Reacciones a favor y en contra del cierre

De todas maneras, las reacciones en el Congreso siguen sumándose. Este jueves fue el turno de Tucapel Jiménez, hijo del dirigente de la Anef asesinado en dictadura, quien dijo que no le parece correcta la manera en que el ministro se refirió a Quintana, pidiéndole explicaciones y llamando al Gobierno a cumplir sus compromisos.

“Uno puede entender que a alguien se le diga ‘señora’, pero conociendo la historia de Carmen Gloria Quintana yo creo que ella merece un mínimo de respeto porque vivió lo peor que se puede vivir en dictadura, ser quemada viva, y yo creo que por supuesto que demuestra una insensibilidad que daña toda la imagen del Gobierno”, dijo Jiménez.

Desde la otra vereda, el diputado de la UDI Jorge Ulloa dijo que la discusión “era estéril” y llamó a reconocer un sistema penitenciario colapsado en el país. Aseguró que Chile no está en condiciones de cerrar este tipo de infraestructuras y que en todos los países del mundo hay cárceles diferenciadas para personas con fuero.

La diputada comunista Carol Kariola recogió el guante y reconoció la compleja situación carcelaria, con problemas como la sobrepoblación, pero indicó que si se van a esgrimir argumentos técnicos debería darse privilegios a otros segmentos, por ejemplo, a mujeres con hijos o embarazadas y los reos de Punta Peuco -afirmó- deberían ser trasladados a cárceles comunes.

Por último, Hugo Dolmestch, presidente de la Corte Suprema indicó que “no tiene ningún sentido práctico cerrar un recinto carcelario porque tiene una connotación política. Eso no corresponde”.