En fallos unánimes, la Corte Suprema acogió 5 recursos de protección presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en los que ordena a Gendarmería y al Servicio Electoral, establecer las medidas y mecanismos para que internos de Arica, Iquique, Antofagasta, Puerto Montt y Punta Arenas, puedan ejercer su derecho a sufragio en las próximas elecciones.
Con ello se establece que el Servel posee las facultades para determinar la instalación de locales de votación en un recinto penitenciario.
En tanto, Gendarmería debe velar porque se respete la condición de ciudadano de cualquier persona privada de libertad.
Para el presidente Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Juan Carlos Orellana, junto con la necesidad de realizar modificaciones a la actual legislación, para permitir el ingreso de funcionarios del Ejército encargados de custodiar el correcto funcionamiento del proceso electoral, esta acción podría generar problemas al interior de los recintos.
La Corte Suprema estableció un plazo de 5 días para que Gendarmería y el Servicio Electoral presenten las alternativas para concretar esta medida.
