La intensificación de la persecución penal -por el delito de prevaricación- en contra del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, es el nuevo rumbo que ha tomado la investigación en el caso de la fallida construcción del puente Cau Cau en Valdivia.

Fuentes de Radio Bío Bío indicaron que la Fiscalía Centro Norte insiste en la causa en contra del secretario de Estado, al mismo tiempo que abandona la tesis -por fraude al fisco- que apuntaba en contra de las empresas Azvi y Zañartu.

Todo ocurre en la antesala de la audiencia que se realizará este martes en el Séptimo Tribunal de Garantía, donde se discutirá el sobreseimiento requerido por la defensa de Undurraga.

Los alegatos no sólo estarán marcados por la posición de la Fiscalía, sino porque además se sumó una nueva querella, también por prevaricación, en contra del ministro.

El abogado Claudio Lefever, en representación de accionistas minoritarios de la consultora Zañartu, ingresó el libelo donde acusan a la autoridad de gobierno por actuar en contra de dos bienes protegidos por el Estado; la fe pública y la probidad administrativa.

Ello porque el querellado no se mantuvo, según el documento, al márgen de la sanción que el Comité de Registros del Ministerio, aplicó en contra de la firma eliminándola temporalemente como consultora del MOP.

Lefever explica que Undurraga no permitió que el comité investigara de forma independiente, sino que -antes que emitieran un fallo- intervino para que actuaran de determinada forma, con correos e instrucciones directas.

En la querella, se indica que sus acciones van en contra de la legislación que lo llama a mantener una posición objetiva, respetando las garantías constitucionales.

Se incluye un correo del 1 de junio de 2015 donde el ministro afirmaría; “Por qué no hay sanción aún? Solicitado por mí, por escrito y verbalmente hace meses”.

La defensa de Undurraga sostiene que no intervino y que la sanción se ajustó a derecho, al punto que fue ratificado por la Contraloría, la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema.

Claudio Lefever, concluye que en este caso simplemente hubo un desplazamiento de responsabilidades a la empresa consultora, ya que los errores en el caso del puente Cau Cau se relacionan con su diseño, el que no estuvo a cargo de la firma.

A la misma conclusión llegó el Dictuc, que emitió un informe que impulsó a la fiscalía a desistir del delito de fraude al fisco, en base a errores de diseño y planos que no estaban a cargo de las cuestionadas empresas Azvi y Zañartu.

Estudio que causó el rechazo en el MOP, desde donde aseguraron que “el Dictuc emite una opinión infundada al atribuir, al ministerio, el diseño de la obra, por lo que deciden no confiar la solución y su terminación a la misma empresa que cometió “garrafales errores”.

Desde Azvi en tanto, el gerente Alejandro Orozco interpreta el informe Dictuc respecto a que efectivamente sí se puede reparar la obra.

Por su parte desde la Fiscalía, el vocero de la zona Centro Norte Fernando Donoso, dijo que no entregarán detalles de un informe que se encuentra bajo reserva.

En tanto, durante la jornada de este domingo, se conoció que la empresa Zañartu se adjudicó un nuevo proyecto, por más de 4.000 millones de pesos, para la inspección fiscal de la construcción y explotación del túnel El Melón en Valparaíso.

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