Tras el aumento de denuncias y sanciones por malas condiciones laborales que entabla un informe de la Dirección del Trabajo, organizaciones promigrantes responsabilizaron a empleadores de “trato discriminatorio” durante el último tiempo.

La comunidad haitiana- quien lidera las denuncias en 2017- establece la indefensión laboral por pobreza y/o problemas con el idioma, como los principales factores del aprovechamiento.

La situación actual es un proyecto de ley migratorio recién en trámite parlamentario, frente a una población de migrantes que sigue creciendo en el país, denunciando incumplimientos a la normativa laboral.

Según el informe que dio a conocer El Mercurio, el valor total de las sanciones ha incrementado en un 152%, de 311 millones a 806 millones.

José María del Pino, director ejecutivo de la Fundación Fré, explicó que la informalidad laboral que principalmente se denuncia, aborda los impagos de sueldos y cotizaciones.

A su vez, el representante de la entidad encargada de promover la reinserción social de migrantes, responsabilizó a los empleadores de incurrir en aprovechamientos ante la situación de vulnerabilidad que enfrentan.

El exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, dijo que es común que se produzca un alto escenario de incumplimientos laborales cuando hay una llegada masiva de extranjeros. Frente a ello, recalcó la necesidad de contar con una nueva ley migratoria, dado los problemas estructurales que presenta la actual.

El informe sitúa a Haití como la nación que hoy representa un aumento de denuncias desde 2014 hasta julio de 2017, mientras Colombia, Perú y Bolivia presentan un marco a la baja en relación al alza sufrida en 2016.

Desde la comunidad haitiana, una de sus voceras, Rose Cafay, atribuyó el problema al Estado, asegurando que este “carece de garantías para asesorar laboralmente a una persona”. El segundo paso, dijo, queda en manos del criterio de los empleadores.

Las partes hicieron el llamado a los parlamentarios a agilizar la tramitación del proyecto que envió el Ejecutivo a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara.