Este lunes, el Gobierno comenzó una serie de reuniones con 139 delegados de los nueve pueblos originarios reconocidos por Chile, en el marco de la última etapa clave de la Consulta Constituyente Indígena que busca determinar las medidas que serán ingresadas por el Congreso en el proyecto de la nueva Constitución.
Los principales temas a zanjar son el reconocimiento constitucional de las minorías étnicas y su participación efectivas en políticas que los afecten, en un proceso que ha mostrado retraso en el último periodo de la presidenta Michelle Bachelet y que ha impedido que su Gobierno presente el proyecto de Reforma Constitucional.
Por lo mismo, el Ejecutivo está buscando resolver la consulta lo antes posible y en función también del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo que compromete a Chile a consultar a pueblos originarios cada vez que materias legislativas los afecten.
“Estamos trabajando con este grado de celeridad porque cuando se presente el proyecto de nueva Constitución, necesariamente se requiere tener esta consulta resuelta”, reconoció Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social, a diario La Tercera.
Sin embargo, algunas autoridades han expresado preocupación por la realización exitosa de estas reuniones; principalmente por la “desconfianza histórica” de los pueblos originarios en el Estado y el rechazo inicial de estos a la propuesta inicial del Gobierno en este tema.
Según el presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, Juan Carlos Reinao, si este proceso de consulta no avanza, incluso podría significar que el conflicto actual con los pueblos aumente en escala.
“La desconfianza de los pueblos ha sido histórica. Si (el proceso actual) no genera un debate serio, va a provocar que el conflicto aumente”, aseguró.
En tanto, las reuniones estarán marcadas por la representación total de los pueblos originarios. Un 67,6% de los representantes es mapuche, otro 11,5% es aimara y el 20,8% son delegados de los pueblos restantes.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Legislación del Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), concluyó: “Esta consulta es la última oportunidad que nos estamos dando para dialogar con el Estado”.
