El ministro del Interior, Mario Fernández, comprometió para este mes medidas que modifiquen institucionalmente a Carabineros luego del millonario fraude que implicó a funcionarios en ejercicio de la institución.
Un caso donde los diputados de la comisión investigadora, criticaron que Carabineros decretara como “desierta” una licitación para auditar la institución.
En una sesión con matices públicos y privados, el jefe de la cartera de Interior presentó un informe de Carabineros, emitido el 27 de septiembre, donde afirman tener un 78% de avance con 21 medidas que incluyen un reemplazo a la Superintendencia de la institución.
Un rol cuestionado de Fernández por parte de los congresistas, que criticaron la falta de protagonismo del Ministerio, luego que Carabineros enviara una serie de anteproyectos al organismo a fines de mayo.
Fernández aseguró que la demora se debe a que son proyectos que se deben analizar, pues se entrelazan con otras áreas.
No obstante reafirmó su compromiso para entregar proyectos de ley en la materia, durante este mes.
Una de las más críticas con este aspecto fue la diputada RN, Marcela Sabat, quien dijo que las medidas han tardado mucho.
Tras quedar al descubierto el millonario fraude al interior de Carabineros, durante abril pasado, se propusieron cerca de 30 medidas para cambios institucionales, entre las que se encontraba una auditoría al interior de la institución que debía licitarse.
No obstante, según informó El Mercurio, pese a contar con el interés de cuatro empresas, la comisión evaluadora decidió declarar desierto el concurso, ya que según el acta “no presentaron los certificados que acrediten la experiencia de cada miembro consultor”
El diputado socialista, Leonardo Soto, calificó esto como insólito, ya que aún no se sabía que la Fiscalía impediría una auditoría, hasta no terminar la investigación judicial.
La comisión investigadora tiene fecha de término para el próximo 17 de octubre, donde anuncian que citarán nuevamente al director general, Bruno Villalobos, cuestionado por los legisladores por no entregar a tiempo la investigación del fraude.
