Varias repercusiones tuvo la decisión de la presidenta Michelle Bachelet de recalificar la querella presentada por el Gobierno contra cuatro comuneros mapuches acusados de quemar una iglesia evangélica en Padre las Casas, y en la que se había invocado la Ley Antiterrorista. Entre ellas, la posible acusación constitucional contra el ministro del Interior, Mario Fernández.

Desde el Gobierno le restaron legitimidad al contenido de la acusación que pretende llevar adelante la derecha. Es por ello que la ministra portavoz de Palacio, Paula Narváez, indicó que se trata de una estrategia de campaña, en que se busca sacar provecho político de las situaciones complejas que vive el país y no ponen los problemas en el centro.

Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social, afirmó que en Chile no hay terrorismo, sino que son hechos de delictuales y de violencia, los que deben ser tipificados como tal.

La opinión del Gobierno fue respaldada por los partidos de la Nueva Mayoría y así quedó de manifiesto en las declaraciones de la Democracia Cristiana, a cargo de Matías Walker, y del Partido Radical, en voz de Ernesto Velasco.

En esa ocasión no sólo se anunció levantar el carácter terrorista, sino que aclararon que no se aplicará durante la administración de Michelle Bachelet, argumentando el ministro Fernández que es un cuerpo legal deficiente y que en materia humanitaria no debían fijarse en el costo político que se pagaba, sino que era deber de todo Gobierno actuar con justicia.

Tras esa jornada, en Chile Vamos empezaron a analizar una acusación constitucional en en contra de Mario Fernández, la cual se sustentaría en que dejó leyes sin ejecución, no cumplió su obligación de respetar el estado de derecho y actitud negligente, por el número de ataques que se han registrado.

El senador UDI, Juan Antonio Coloma, acusó que el ministro del Interior no veló por hacer cumplir las leyes sino que pasó, producto de presión, a integrar la defensa de los cuatro mapuches y que eso no es lo que se espera de un ministro del Interior.

El diputado de Renovación Nacional por Malleco, Jorge Rathgeb, también respaldó el escrito, que necesita 10 firmas para ser ingresado, puesto que Fernández no habría ejecutado las leyes de seguridad pública.

En tanto, el diputado de la UDI, Gustavo Hasbún, fue más allá y acusó a Michelle Bachelet de justificar la violencia que se vive en La Araucanía, ya que “tiene vínculos históricos con grupos terroristas”.

De concretarse esta acusación constitucional, sería la tercera en la actual administración, siendo Carmen Castillo y Javiera Blanco las anteriores.