Fuentes de Radio Bío Bío confirmaron que durante las próximas horas, la Fiscalía solicitará audiencia para la reformalización del senador Jaime Orpis, imputado por delitos de corrupción en el Caso Corpesca.
La decisión la adoptó el Ministerio Público luego de conocer que la Corte Suprema notificó formalmente a los intervinientes sobre la ampliación de desafuero del imputado. Esto podrían generar nuevamente su prisión preventiva.
Así lo confirmaron fuentes que conocen de esta investigación donde se pesquisan delitos de corrupción relacionados con 77 pagos que la empresa del grupo Angelini habría dejado fluir para el financiamiento político del senador. Pero no sólo eso, se le atribuyen además acciones dolosas relacionadas con pagos obtenidos desde el Congreso a través de asesores.
El objetivo de la reformalización es incorporar en la acusación en contra del imputado, hechos relacionados a $26 millones en dádivas que el parlamentario habría recibido de Corpesca, al igual que $70 millones que habría obtenido por medio de asesorías parlamentarias.
La audiencia que se solicitará en las próximas horas en el Cuarto Tribunal de Santiago, se sustenta en la notificación de la Corte Suprema que informó a los intervinientes formalmente de la ampliación del desafuero del congresista.
De todos los delitos imputados, la defensa a puesto especial resistencia al cohecho. La fiscal Centro Norte Ximena Chong dijo que esperan acreditar la imputación en un juicio oral, y que hasta ahora los tribunales de garantía han estimado la plausibilidad de este ilícito.
En la vereda contraria la defensa de Orpis asegura que no hay tal delito de corrupción y, en base a ello, se pidió como diligencia que entregara su declaración como testigo el fiscal nacional, Jorge Abbott, esto para que se refiriera a sus dichos en la comisión de Constitución del Senado el pasado 10 de enero. Allí habría asegurado que “estar a disposición de un particular no es constitutivo de delito de cohecho”.
La diligencia fue rechazada por el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, pero el defensor, Sergio Rodríguez, dijo que insistirán en este argumento.
Aunque la defensa consiga acreditar que la voluntad de Orpis no fue comprada, la situación del imputado se complica porque las penas de mayor entidad están asociadas al delito de fraude al fisco, que incluso permitirá al Ministerio Público sustentar la necesidad de cautela de prisión preventiva en la próxima audiencia de reformalización.
