La Cámara Alta aprobó el proyecto de Nueva Educación Pública enviado por el Gobierno después de más de un año y dos meses de tramitación.
La iniciativa ahora pasará a su tercer trámite constitucional para ser revisado por la Cámara de Diputados, instancia que deberá pronunciarse respecto a las modificaciones realizadas en el Senado.
Sin embargo, aquellos puntos en los que no hay concordancia entre los diputados y senadores, deberán defnirse en una comisión mixta, instancia a la que el Gobierno evitaría llegar a través de negociaciones.
El proyecto contempla que, a partir de 2018, se instalarán cuatro servicios locales de educación que reemplazarán a los municipios como sostenedores. De ellos, dos deberían estar operativos en marzo del próximo año, mientras los otros dos, durante los meses siguientes a dicho plazo.
No obstante, los legisladores oficialistas ya han confirmado que solicitarán al Gobierno desplegar esfuerzos para que la totalidad de la iniciativa, de ser aprobada, pueda implementarse antes del cambio de administración.
