“Estoy absolutamente convencido de que la fama y el dinero son valores intrascendentes. Pasa que claro, nos los describen con un peso tan significativo que parecería imposible resistirse a valorarlos. Creo que el espíritu amateur, el amor hacia la tarea, es lo único que vuelve satisfactorio el tránsito por el trabajo (…) Yo tengo un profundo amor por el fútbol, por el juego, por la esquina, por el baldío, por el picado, por la pelota. Y desprecio todo lo añadido, todo lo que le fueron agregando para convertirlo extrañamente en deseado”.

Las anteriores son palabras de Marcelo Bielsa, exdirector técnico de la selección nacional, que simbolizan como la esencia del fútbol -así como de tantas otras actividades- ha sido capturada por y para el interés de unos pocos.

Lee también: Nueva arista del “Caso Barnechea”: FNE investiga un cartel en el fútbol nacional

Sergio Jadue es aún el símbolo de como las operaciones económicas fraudulentas se apoderaron de la Asociación Nacional de Fútbol Chileno (ANFP), la Fiscalía de Alta Complejidad aún continúa las diligencias para determinar el alcance de sus gestiones artificiosas.

Sin embargo, desde abril pasado, el fiscal Carlos Gajardo ha ampliado la mira. Hoy también captan su atención otros dirigentes del fútbol criollo que, sentados en la misma mesa de “altos mandos”, vieron en los clubes sobreendeudados una lucrativa posibilidad de negocios. Según publicó la revista Qué Pasa, un informe de 17 páginas entregado por la PDI al Ministerio Público encendió las alertas del persecutor, que hoy destina recursos a la precisión de sospechosos mecanimos financieros al interior del fútbol chileno.

El factoring

¿Cómo es posible que quiebren clubes nacionales cuando todos los meses la ANFP reparte millonarias ganacias obtenidas a través de los derechos del Canal de Fútbol (CDF)?

Al tratarse de clubes sobreendeudados estos no tienen acceso a crédito en los bancos tradicionales, pues están catalogados como sujetos de alto riesgo. Y eso lo entiendieron a la perfección los dueños de la empresa de FactorOne, Felipe Muñoz y Jorge Sánchez, quienes desde 2009 poseen también el 51% de las acciones de Club Deportes Copiapó, quebrado en aquel entonces.

Con dicha compra de acciones, Felipe Muñoz logró sentarse en el consejo de presidentes de la ANFP y se percató de la oportunidad de negocio: entregar a sus pares créditos contra la factura que los clubes de Primera División y Primera B recibían religiosamente del CDF.

“Al llegar me doy cuenta de que todos los clubes tenían problemas financieros y que nadie les prestaba plata y que había un instrumento financiero que era sujeto de hacer factoring. Ahí dije ‘conozco la dinámica de adentro del consejo, conozco cómo se comportan los pagos y comenzamos a hacer esos créditos’”, explica Muñoz a la mencionada revista.

FactorOne se transformó así en la primera en operar, con tasas crediticias que se movían en torno al 2% y 4%. Nadie parecía percatarse de un conflicto de intereses que hoy parece evidente: Quienes prestan dinero a los clubes son los mismos que se sientan a tomar decisiones que afectan directamente sus finanzas y que, en algunos casos, compran a “equipos” en quiebra; como sucedió con Club de Deportes Antofagasta, adquirido en 2012 por el socio de Muñoz, Jorge Sánchez, por medio de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Laguna Funding Limitada. O como podría suceder si Sánchez compra Rangers de Talca, quien tiene deuda pendiente con FactorOne.

Conflicto de interés

Con el supuesto objetivo de ayudar a los clubes endeudados a pagar a sus acreedores, la ANFP solicitó en 2013 un crédito de US$30 millones al banco BBVA; dinero que repartió luego según las necesidades de cada institución.

El cuestionamiento reside hoy en que muchas de esas deudas era precisamente con empresas de factoring. Por ejemplo, FactorOne acusa recibo de US$5 millones en pagos hechos en dicha ocasión: algunos de sus deudores en aquel entonces eran Deportes Concepción, Coquimbo Unido, Deportes Copiapó, Deportes Antofagasta, Barnechea, Naval y San Marcos de Arica.

Otro ejemplo claro de este conflicto de interés se manifiesta en la fijación de las cuotas de incorporación y de indemnización que reciben los clubes que bajan y suben de una división a otra.

“La cuota de incorporación de 50 mil UF, que fue un invento de Jadue, es para tener a quien prestarle plata cuando sube y, en el caso contrario, la cuota de indemnización, es para asegurar el pago de deudas cuando bajan. No se sabe si esas decisiones se toman para tener cómo recuperar las colocaciones o por el interés general del club”, aseguró a Qué Pasa una fuente al interior de la ANFP.

Cabe mencionar que FactorOne declaró que ya no realiza este tipo de operaciones financieras, a pesar de defender su legalidad.