Fueron doce los recursos de protección declarados admisibles por los tribunales de justicia de doce regiones de Chile, para que las personas privadas de libertad y habilitadas puedan votar y así, ejercer este derecho en las próximas elecciones.
Las acciones legales – presentadas este mes por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) – son en favor de 264 internos de veinte cárceles del país, ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, El Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes, logrando así una contundente recepción judicial de los recursos.
El Servicio Electoral (Servel) y Gendarmería fueron las entidades emplazadas para que dispusieran las medidas pertinentes para que las personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho a sufragio.
Esto en coherencia con lo fallado en 2016 por la Corte Suprema de Justicia, que ante la presentación de cuatro recursos de protección del INDH, ordenó que “el Servicio Electoral, dentro de los plazos legales, adopte las medidas necesarias que posibiliten el derecho a voto de estas personas que se encuentran privadas de libertad”.
“Por su parte Gendarmería de Chile debe adoptar igualmente todas las medidas administrativas y de coordinación interinstitucional que garantice el derecho a sufragio de las mismas, medidas que deberán ejecutarse con la antelación debida que les permita a las personas ejercer efectivamente su derecho a voto”, acordaba el fallo.
No obstante, este derecho no se logró concretar para las elecciones primarias, puesto que no se dispusieron las mesas de votación o no se les llevó a las mesas donde están inscritos. Por ello, el INDH volvió a interponer acciones para que en las presidenciales esto no vuelva a ocurrir.
Las 264 personas recurrentes corresponden a 181 hombres y 83 mujeres, quienes enviaron una carta dirigida al Servicio Electoral actualizando su domicilio electoral y consultando cómo se haría efectivo su derecho a sufragio.
