A menos de 3 meses de la elección presidencial, la carrera ya está desatada y esta vez, la polémica recae en torno al acceso al financiamiento.
Mientras algunos candidatos acusaron bloqueo de parte de la banca, otros catalogaron de curioso que los parlamentarios que aspiran al sillón presidencial no conozcan la ley de financiamiento que ellos mismos aprobaron.
Desde La Moneda descartaron algún tipo de intervención para asegurar el acceso igualitario a créditos para los aspirantes a la presidencia.
El candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, confirmó haber solicitado un monto cercano a los $1.000 millones al BancoEstado para financiar su campaña.
Además, fustigó a los senadores Alejandro Guillier y Carolina Goic, quienes en su calidad de funcionarios públicos, no tendrían el mismo acceso al crédito, lo que a juicio de Piñera deberían saber pues ellos mismos participaron del trámite legislativo.
En tanto el abanderado del pacto Fuerza Mayoría, Alejandro Guillier, descartó conocer la oferta realizada por la empresa no bancaria Tanner Servicios Financieros, la que ofreció cerca de $500 millones para su candidatura. Según consignó La Tercera, se la habrían hecho llegar directamente a él a través de un correo electrónico.
Mientras, la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, lamentó que algunas instituciones dificulten tanto el acceso igualitario de cualquier chileno al sillón presidencial.
Por su parte la carta falangista, Carolina Goic, señaló que es una buena noticia que Piñera haya ingresado al debate sobre el financiamiento, pero que también debería referirse a medidas de transparencia y probidad.
Mientras, el tres veces candidato de los Progresistas, Marco Enríquez Ominami, aseguró que el expresidente otra vez le ganó por pillo a los demás candidatos y que ha demostrado ser el primero en cuanto a astucia.
Además, el líder del PRO señaló que la banca debería aclarar cual será su criterio, pues a su juicio parece antojadizo financiar a algunos y a otros no, considerando que todos cumplieron con los requisitos dispuestos por la ley para legalizar sus candidaturas.