Expertos criticaron el decreto del Gobierno que pretende extender a dos años el almacenamiento de datos de llamadas, mensajes e internet. Desde la ONG Derechos Digitales, adelantaron que interpondrán recursos jurídicos para impugnar la toma de razón del decreto, asegurando que sería “inconstitucional”.
Localización, llamadas, mensajes de texto, navegación por internet, mensajes vía WhatsApp, entre otros, son los tipos de comunicaciones que podrían ser intervenidas hasta por un plazo de dos años.
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Se trata de un decreto que presentó el Gobierno para entregar más facultades a las policías para actos sospechosos constitutivos de delitos.
Según esta normativa, como reveló El Mostrador, se otorgarían facultades para que los prestadores de servicios de comunicaciones almacenen en carácter de reservado y a disposición de la autoridad, todos los datos comunicacionales.
Una situación que extendería en un año el plazo que se tiene actualmente, y en donde las policías acusan lentitud para entregar los datos por parte de las compañías, lo que en muchos casos terminan por no poder revelarse al vencer el tiempo.
Romina Garrido, directora de Fundación Datos Protegidos, aseguró que se podría alterar derechos constitucionales con espionaje y que es excesivo el decreto del Gobierno.
El analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, Pablo Viollier, manifestó que interpondrán recursos jurídicos para impugnar el decreto, porque no corresponde a estándares de Derechos Humanos.
Mientras, el experto en ciberseguridad, Daniel Torres, sostuvo que el plazo de dos años da garantías a las policiías para tener la información, dado a que las compañías no tienen un plazo estipulado.
El nuevo reglamento está en Contraloría desde 4 de agosto de este año para su toma de razón, y una vez que pase esta etapa puede ser publicado en el Diario Oficial para su aplicación.
