La Comisión de Hacienda del Senado aprobó y despachó el proyecto de Nueva Educación Pública, quedando listo para ser votado en la sala el próximo martes 5 de septiembre.
Pese a los enfrentamientos que generó entre los senadores oficialistas el acuerdo que alcanzó el Gobierno con la oposición, la iniciativa fue aprobada casi en los mismos términos en que salió desde la Comisión de Educación.
De esta forma serán cuatro los Servicios Locales que se implementarán en 2018 hasta llegar a 11 en una primera etapa en 2021, fecha en que un comité de expertos, compuestos por seis miembros, analizará como estuvo el proceso pudiendo extenderlo más allá del 2025 o acelerar el traspaso de servicios.
Puntos que la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga espera den respuestas a las inquietudes planteadas por los diputados oficialistas.
El senador de RN y artífice del acuerdo con el Ejecutivo, Andrés Allamand espera que en una eventual comisión mixta se mantenga lo concordado con la Nueva Mayoría, de lo contrario, lo pactado se cae y terminarán recurriendo al Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo patrocinó además una indicación de la derecha donde se fijó un plazo de 8 años para que los colegios calificados como insuficientes puedan mejorar y evitar un cierre masivo de establecimientos. Así lo detalló la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
Según asesores del Mineduc, son alrededor de 600 los colegios públicos que se encuentran en una condición de insuficientes.
En cuanto a las deudas de arrastre de los municipios, el senador socialista Carlos Montes aclaró que esta no comprende los temas previsionales, algo de lo que deberán hacerse cargos los municipios.
Si bien el informe financiero del Gobierno establece que la desmunicipalización tendrá un costo de 473 millones de dólares, el senador Montes pidió mayores detalles sobre este gasto, ya que a su juicio, los montos comprometidos serían mayores.
En cuanto al traspaso de los administrativos de las municipalidades, el Gobierno prevé que cerca de 4 mil de estos no podrán ser absorbidos por el nuevo sistema una vez concluida la implementación de la ley.
