El Gobierno salió al paso de las críticas del empresariado a raíz del rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero Dominga, en que se acusó información deficiente de “línea de base o insuficiencia en sus medidas de mitigación, compensación y reparación”, según dijo ayer el titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena.
Luego de que la citación de la instancia interministerial fuera adelantada, hecho que llevó al ministro de Economía Luis Felipe Céspedes a abstenerse de votar, empresarios acusaron al Ejecutivo de priorizar argumentos políticos por sobre técnicos.
Ante ello, la Portavoz de La Moneda, Paula Narváez, señaló que “ha funcionado la institucionalidad”.
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La decisión del Ejecutivo fue celebrada por organizaciones medioambientales frente al supuesto daño al ecosistema que el proyecto generaría, particulamente, por la proximidad de éste a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, en conversación con Bío Bío TV, acusó aspectos que la institucionalidad se “pasó por alto” con lo que, a su juicio, se comienza a atentar contras las “normas de convivencia” respaldando las declaraciones del gerente general de Andes Iron, Iván Garrido, quien señaló que se “atentó contra la democracia”.
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En ese sentido, Villarino llamó al Gobierno a no “camuflar” argumentos políticos por fundamentos técnicos para justificar la decisión del Comité de Ministros.