El excontralor general de la república, Ramiro Mendoza, defendió su gestión al mando de la entidad entre los años 2007 y 2015, tras las críticas desde sectores del oficialismo por una supuesta falta de fiscalización por su parte frente a posibles irregularidades en Codelco.
Esta intervención fue realizada luego de que el actual contralor, Jorge Bermúdez, a través de un dictamen, limitara la disposición patrimonial en empresas públicas, a raíz de una consulta respecto al pago de 511 millones de pesos al exdirector de la cuprífera, Augusto González, como parte de su plan de retiro.
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Visiblemente molesto, Mendoza aseguró que parte de las declaraciones y críticas en su contra derivan de un “problema de la lectura básica” y que las acciones emprendidas están disponibles en la Contraloría.
“Si están criticando sin leer, problema de la lectura básica. O sea, sino leen es un espacio de opinología”, dijo Mendoza.
Respecto a qué medidas tomó frente a posibles irregularidades en la estatal, el excontralor dijo: “Usted se mete a la base de datos de Contraloría, ve los informes y vea todos los que hay de Cochilco”. Junto a ello, agregó “están las denuncias, están las denuncias al Ministerio Público, está de todo”.
“Cuando tú estás en un diálogo donde el otro no lee, o sea si es la fórmula con la que vamos a discutir, vamos a hacer opinología, no entiendo”, sostuvo. Consultado directamente por las críticas a su gestión desde el oficialismo, Mendoza aseguró que “las respuestas las doy cuando tengan la información”.
Frente a las posibles irregularidades ocurridas en la estatal, la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión investigadora para indagar antecedentes desde el año 2000 en adelante.
Uno de los impulsores de la iniciativa, Juan Luis Castro (PS), aseguró que Mendoza no cumplió con lo que la ley mandataba ante los informes entregados por Cochilco.
Tras participar en una actividad en Valdivia, Bermúdez insistió en que es necesario atenerse a los principios eficacia, eficiencia y probidad ante el millonario pago a González.
Junto a ello, reiteró que “sería bueno” que la cuprífera se atuviera a la Ley de Compras Públicas, la que se aplica “a todo el Estado”.
Ante ello, Bermúdez afirmó que a “nadie le debería extrañar el control”.
Debido a la disputa entre ambos organismos, el Gobierno, en la última junta de accionistas de la empresa, instó al directorio de la estatal a optar por la vía administrativa para zanjar el diferendo, tal como propuso Bermúdez.
