La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; de Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre; de Secretaría General de Gobierno, Paula Narváez; el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy; y el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Eric Parrado, firmó la mañana de este lunes el proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos.
La iniciativa busca fortalecer la institucionalidad del regulador bancario y dotarlo de mayores herramientas. Junto con modernizar la legislación bancaria, Chile adopta los estándares de Basilea III, que establece un conjunto de medidas para fortalecer la regulación, supervisión y manejo de riesgos del sector bancario.
En este sentido, la Jefa de Estado aseguró que con esto “estamos dando un paso más, uno muy importante además, en la construcción de mejores bases para el desarrollo económico, en línea con las otras iniciativas de modernización económica que describí en la cuenta pública del pasado 1 de junio”.
La actual Ley General de Bancos (LGB) data de mediados de los años ochenta y se diseñó como respuesta a la crisis de la deuda de comienzos de esa década, cuya única modificación sustantiva se realizó en 1997. Por ello, “como Gobierno nos hemos abocado a fortalecer distintos ámbitos del mercado financiero, de modo tal de hacerlo más sólido, transparente, confiable e inclusivo”, agregó la mandataria.
De este modo, la iniciativa contempla el traspaso de las funciones que hoy desempeña la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) a la Comisión para el Mercado Financiero.
En segundo lugar, este proyecto de ley permite a los bancos estar mejor preparados para enfrentar choques de distinto tipo, porque se modifican los requerimientos de capital y gestión de riesgos, adaptándolos a los estándares de Basilea III. Con este paso se confirma el compromiso que adoptó nuestro país al entrar a este selecto grupo de países.
En términos generales, mediante estas nuevas exigencias se busca que los bancos financien sus actividades con una proporción mayor de recursos propios, y aumenten la calidad de las fuentes alternativas de capital. Este mayor y mejor capital permitirá absorber más adecuadamente las eventuales pérdidas derivadas de situaciones de inestabilidad o crisis bancaria, evitando que sean los depositantes y los contribuyentes quienes carguen con estas pérdidas.
Para cerrar, la Presidenta puntualizó que “es importante tener en consideración que todos los cambios contemplados en este proyecto de ley serán implementados de manera paulatina, para que las instituciones cuenten con el tiempo suficiente de adaptarse. Asimismo, los estándares propuestos se han adaptado a la realidad nacional, de modo tal de no generar impactos que pudieran restar competitividad a nuestro sistema bancario”.
