En 25 páginas está contenido el proyecto de ley de Universidades del Estado, capítulo que fue sacado de la iniciativa de Educación Superior por parte del gobierno a petición de los parlamentarios de la Nueva Mayoría con el objetivo de garantizar la aprobación de la iniciativa durante el mandato.
Aunque el proyecto de universidades estatales recién iniciará su tramitación en julio, según el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Ignacio Walker, las críticas no se han hecho esperar de parte de los rectores que conforman la red G9.
El rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, manifestó su preocupación por varios puntos del proyecto, acusando por ejemplo que con la creación del Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, el Consejo de Rectores perderá relevancia, ya que habrá un trato preminente de los organismos públicos con los planteles estatales.
Además, Durán indicó que las diferencias valóricas que los separan son como las que genera el aborto.
Más allá de la creación de esta nueva institucionalidad, que vendría a reemplazar al Consorcio de Universidades del Estado; el proyecto contempla dejar por ley el tipo de financiamiento que recibirán estos planteles, por medio del Convenio Marco,
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, indicó q el mecanismo de financiamiento existe desde el día en que se firmó la iniciativa.
El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, descartó que la iniciativa legal signifique algún tipo de privilegio para los planteles estatales y aseguró que en cuanto al financiamiento, no existen mayores recursos que los ya establecidos en el Convenio Marco.
Además, Zolezzi prevé que gran parte de la discusión venidera se abordará desde un punto de vista más ideológico que académico.
En cuanto a los aportes que contempla el proyecto de universidades estatales para su plan de fortalecimiento, el rector Zolezzi aclaró que esto se trata de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobado en la ley de Presupuesto de este año.
Dicho monto alcanza a los 150 mil millones de pesos, que deberán ser repartidos entre las 18 universidades del Estado, en un período de 10 años.
