Un grupo de 57 diputados presentó las firmas para constituir una Comisión Investigadora por los cuestionados gastos en Codelco y apuntan al rol del excontralor Ramiro Mendoza por no fiscalizar las irregularidades al interior de la cuprífera estatal.

Si bien lo anunciaron ayer, este jueves lo ejecutaron de forma oficial.

Según dijeron, quieren investigarlo todo, pero preliminarmente apuntan a las responsabilidades del excontralor Mendoza -hoy consejero de la campaña de Piñera-, quien no habría tomado ninguna medida pese a haber recibido 11 informes de Cochilco, entidad encargada de fiscalizar a la minera.

Lo anterior, pese a que en ese entonces ya se conocían hechos de características similares a los que se hicieron públicos durante las últimas semanas.

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“Pese a los 16 reportes que nos entregó Cochilco, periodos que van desde el 2005 en adelante, nunca en la etapa de dicho contralor al mando hubo fiscalización alguna sobre estos hechos que hoy se están conociendo. Es poderosamente llamativo“, dijo el diputado socialista, Juan Luis Castro.

Por su parte, la diputada RN Paulina Nuñez dijo que, pese al vínculo de Mendoza con la campaña de Piñera, todos los que tengan antecedentes sobre el uso de los recursos de Codelco tienen que venir a dar explicaciones.

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Asimismo, también apuntó a la existencia a la contratación de parientes y de empresas creadas por funcionarios que se retiran de la cuprífera y tienen contratos millonarios. Ellos también tienen que ser parte de la investigación, aseguró.

Codelco es una caja pagadora de favores políticos, que se adjudican proyectos por un determinado monto y luego se terminan entregando por 3 ó 4 veces el monto adjudicado. Hay personas que se someten a los planes de retiro y después terminan siendo contratados nuevamente”, planteó.

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Naturalmente, dicha situación genera preocupación entre los parlamentarios, sobre todo considerando que el presidente de Codelco, Nelsón Pizarro, sostuvo el año pasado que la entidad no tenía “un puto peso” para pagar bonos a los trabajadores de la estatal.

Por ello es que la diputada DC Yasna Provoste apuntó a cómo se generaron estos contratos: “No podemos estar de acuerdo cuando aquí se han generado gastos que no tienen nada que ver con el giro de la empresa, cuando aquí han habido acuerdos de los distintos directorios y han permitido que puedan tener contratos entre parientes”, recalcó.

De este modo, con todos los antecedentes que han surgido, ha quedado claro que ha habido actos cuestionables no sólo del directorio actual, sino que de otros directores que han consentido en este tipo de acuerdos que han perjudicado el balance de la cuprífera estatal.

En tanto, el diputado Gabriel Silber (DC) indicó que -junto a Provoste- también acudirán la próxima semana al Ministerio Público para que inicie una investigación judicial, pero también piden al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que siga el ejemplo de Contraloría y se haga parte de las querellas.

Si bien Cochilco advirtió sobre cerca de 20 pagos de indemnizaciones que alcanzarían los 200 millones de pesos casa uno, a ello se sumaron los antecedentes revelados este jueves por Reportajes Bío Bío con otros 12 casos de las mismas características.

Pero algunos parlamentarios revelaron que los informes reservados de Contraloría muestran una situación más álgida: serían 50 los casos detectados.

En tanto, de aquí a julio se espera que la Comisión Investigadora de la Cámara comience sus funciones, pese a que la situación genera cierta resistencia del mundo radical y de ciertos parlamentarios ligados a la masonería. Sea como sea, la iniciativa es apoyada por la oposición y por una parte de la Nueva Mayoría.