Un grupo de parlamentarios de derecha llegó hasta el Servicio Electoral (Servel) para exigir que la institución se pronuncie por una supuesta ilegalidad en la venta de 3.500 millones de pesos en inmuebles que realizó el Partido Comunista (PC) a la sociedad Inversiones Progreso SPA.

En tanto, el Partido Regionalista Independiente (PRI) se sumó a estas acciones, pero con una querella criminal que interpuso en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

En concreto, la acción ante el Servel fue interpuesta por los diputados Juan Antonio Coloma (UDI), Patricio Melero (UDI) y Nicolás Monckeberg (RN). Al respecto, el diputado de Renovación Nacional aseguró que todo se trata de un contrato simulado para faltar a la ley.

Lo anterior, porque el dueño de la empresa a la que le vendieron es un reconocido militante de la colectividad.

En la misma línea, el diputado UDI Patricio Melero explicó que es el Servel -por ley- el que debe establecer si el PC incurrió en alguna infracción. Pero para estos parlamentarios la situación es clara: se trata de una situación ilegal y esperan que la institución establezca las sanciones.

En tanto, la querella criminal interpuesta por el PRI ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago apunta a delitos de contratos simulados, estafa y falsificación de documentos públicos, lo que además fue vinculado con el uso malicioso de instrumento público falso.

El secretario general del PRI, Eduardo Salas, aseguró que tanto el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, como el resto de los militantes involucrados en la empresa de inversiones deben responder penalmente.

En tanto, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, le bajó el perfil a la situación y aseguró que se trata de una “ofensiva” del círculo más cercano a Sebastián Piñera.

Sumado a ello, desde el PC aseguran que la venta de sus inmuebles se desarrolló en el marco de una diligencia absolutamente legal.