La jornada de ayer viernes se reveló un posible caso de espionaje, luego que Hermann Von Mühlenbrock, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), relatara a integrantes del comité ejecutivo del gremio industrial que en su oficina se encontró un micrófono oculto que grababa audio y video. Otro micrófono de similares características fue hallado en el despacho de José Juan Llugany en la empresa Carozzi. Él, además, es vicepresidente de Sofofa.

Lo anterior, además, ocurre en la antesala de las elecciones internas. Es por ello que Von Mühlenbrock notificó esta situación también a Bernardo Larraín Matte, quien podría sucederlo en el cargo a partir del 31 de mayo.

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A pesar de la polémica, desde la Sofofa aseguraron que dichas elecciones siguen en pie. Sin embargo, subrayaron que los hechos son “de la mayor gravedad”, por lo que presentaron una denuncia ante la justicia, específicamente en la Fiscalía Oriente.

La acción fue presentada por el abogado Juan Domingo Acosta y quedó en manos del fiscal Manuel Guerra.

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Distintas voces se mostraron sorprendidas por este supuesto espionaje que afectó a los directivos de Sofofa. Todas coinciden en la gravedad del caso y en la necesidad de que sea clarificado lo antes posible.

El extimonel de la gremial, Pedro Lizana, reconoció que tras el escándalo puede haber un mayor daño para la próxima mesa de la entidad.

Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Moreno, opinó que “acciones como estas son completamente inéditas y de una alta sofisticación delictiva. Pero más allá de que estemos frente a un hecho puntual, lo ocurrido es inaudito y preocupante. Tenemos que llegar al fondo de este caso para determinar quiénes son los culpables”.

En ese contexto, apoyó la indagación.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, calificó el hecho de la “máxima gravedad” y llamó a rechazar las prácticas involucradas.

La posible multa

En concreto, el delito que acusó Sofofa se encuentra tipificado en el artículo 161, letra A, del Código Penal.

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El hecho “se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado”, dice la ley.

En base a la UTM de mayo, la multa podría ser desde los $2.332.350 hasta los $23.323.500.