El Gobierno reiteró que enviará la reforma previsional en julio, pero aclaró que dependerá del Congreso aprobar la iniciativa durante la actual administración.
Para lograr tal objetivo, los ministerios de Hacienda y Trabajo, además de la Subsecretaría de Previsión Social, han reforzado sus equipos técnicos. La cartera dirigida por Rodrigo Valdés lo ha hecho con abogados que ya redactan el proyecto.
El Ejecutivo, mientras tanto, aseguró que ya están listos los capítulos que modifican y adecuan la actual normativa, pero resta todavía llevar al papel el núcleo de los cambios al sistema de pensiones: la creación de un nuevo pilar de ahorro colectivo financiado con el 5% con cargo al empleador.
Diferencias
Hay algunas diferencias que se están resolviendo. Una de ellas, afirman asesores del Gobierno, es el porcentaje para la solidaridad intergeneracional, es decir, los trabajadores financiando las pensiones de los actuales jubilados. Puede ser un 1% o una décima más, lo que se traduciría en un incremento de las actuales pensiones de un 20% ahora y un 35% en el futuro.
El bono a la mujer, también como reparto, está zanjado en 0,4%, para compensar la ausencia cuando tienen hijos, expectativas de vida más altas que la de los hombres y los cinco años menos en que cotizan.
Las principales diferencias están en las cuentas personales, donde se destinaría un 3,5 o 3,6% de la nueva cotización, pero se dividiría esa cifra en un 0,6% o un punto porcentual para un fondo de solidaridad intrageneracional, es decir, una redistribución de los ingresos en trabajadores de la misma generación.
Sobre este punto, Fernando Carmona, asesor de Previsión Social, explicó: “Si alguien entrega, por ejemplo, 100 mil pesos y otra entrega 900, cuando se reparta el fondo común cada uno recibirá 500 mil pesos”.
Otros aspectos de la reforma
El 3% o 2,5% que se destine para las cuentas individuales -la parte ahorro de la reforma- será administrado por una entidad estatal parecida al Banco Central, en un fondo único y con un nivel de riesgo muy bajo.
Así, la reforma responderá a 7 criterios ordenadores: Aumentar las actuales y futuras pensiones, incluir solidaridad al sistema para entregarle legitimidad, incentivar la cotización, resguardar los derechos de propiedad, el actual 10%; que sea sostenible, y que no afecte el ahorro ni la inversión.
Finalmente, el Pilar de Ahorro Colectivo se mantendrá separado de la capitalización individual. “No vamos a seguir un diseño de política que sea muy similar a la propuesta de la comisión Bravo”, aseguró un asesor del Gobierno.
El Ejecutivo respetará los plazos, es decir, enviará al Congreso los cambios previsionales antes del 12 de julio. Así lo señalaron la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, y el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Ambos concordaron en que no dependerá de La Moneda que el proyecto se apruebe durante la actual administración, sino que del Parlamento, pese a que las urgencias son patrimonio del Ejecutivo.
Otro elemento que se debe resolver es la implementación del 5%, como será un proceso gradual, explicó un asesor del Ejecutivo, “todo lo que se recaude los primeros años irá al reparto, tanto al bono mujer como la solidaridad intergeneracional”. El ahorro se constituirá una vez que el sistema haya logrado recuperar más recursos.