El Servicio de Impuestos Internos decidió dar un giro a la hora de abordar la persecusión a los casos del financiamiento irregular de la política.
Tras la serie de cuestionamientos a la entidad al no optar por la persecusión penal de estos delitos y sólo cursar multas, ahora optaron por un camino algo diferente.
Sí se querellaron contra Cristian Warner -mano derecha de Marco Enríquez Ominami- por haber captado recursos para la campaña presidencial del líder del PRO, aunque en el escrito de la última querella del SII explicaron que sólo se cobrará una multa a las empresas implicadas por haber pagado facturas falsas.
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De esta forma, el servicio ayuda a bloquear las investigaciones de la Fiscalía contra la Constructora OAS -implicada en uno de los casos de corrupción más bullados de Brasil- y que le facilitó al entonces candidato un jet privado de libre disposición para que lo utilizara en 2013.
Lo anterior, de acuerdo a Ciper, pese a que la empresa otorgó pagos por más de 59 millones de pesos a la firma de Warner: Cono Sur Research.
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En el mismo caso se encuentra el grupo Cencosud, propiedad del empresario Horst Paulmann, que aportaron 48 millones de pesos a la misma empresa entre enero de 2013 y enero de 2014.
De acuerdo a la publicación, fueron 13 facturas pagadas durante el año de la última incursión electoral del líder del PRO. La primera fue la más grande, por 24 millones de pesos. Luego los pagos se redujeron a 2 millones de pesos mensuales. Sea como sea, todas fueron rectificadas por Cencosud.
Las otras empresas a las que sólo se les aplicará una multa son Agrícola OGS, Inmobiliaria El Peñón (de la familia Ossandón Larraín) y SW Consulting, propiedad de Rodrigo Danús, quien ha apoyado los desafíos electorales de ME-O.
En tanto, la querella no especifica a cuánto ascenderán las multas cobradas a estas empresas ni a las 5 personas que presentaron boletas falsas a las sociedades de Warner, quienes prestaron servicios para la última campaña presidencial del líder del PRO.
