La Fiscalía de O’Higgins pidió prisión preventiva en contra de los ejecutivos de CGE formalizados en el marco de la investigación por los incendios forestales registrados durante el verano en la región de O’Higgins.

En la audiencia de formalización que se desarrolla este miércoles en el Juzgado de Garantía de Peralillo, se le imputó cargos a los ejecutivos de la empresa de distribución eléctrica, por su presunta responsabilidad en el inicio de los siniestros.

Se trata de gerente de operaciones de CGE Distribución, Jorge Vutetich; Pablo Yáñez Mardones, gerente técnico regional de la compañía; y José Reyes jefe de mantenimiento y construcción de CGE Santa Cruz, todos quienes fueron formalizados por el delito de incendio por 5 incendios forestales registrados entre diciembre y enero pasado.

“En definitiva, la falta de mantención, la ausencia de corte y poda de árboles cercanos al tendido y la omisión de limpieza de la faja de seguridad, por parte de los imputados, ocasionó que se generaran incendios en esos lugares. De este modo, quienes tenían la obligación legal de prevenir incendios, no lo hicieron provocando una catástrofe en diversas comunas de esta región”, indicó la fiscal Marcia Allende.

En ese sentido, la persecutora añadió que “esa omisión significó la ocurrencia de los incendios descritos y consecuentemente, la destrucción por las llamas de 77.115 hectáreas de bosques, pastizales, y vegetación”.

“Los hechos así descritos configuran cinco delitos consumados de incendio de bosques, mieses, pastos, montes y plantíos del artículo 476, número 3, del Código Penal, teniendo los imputados la calidad de autores respecto de los cinco incendios acorde a los artículos 15 n°1 del Código Penal y 58, inciso 2°, del Código Procesal Penal”, indicó la fiscal Allende.

Todos ellos, luego de ser formalizados por un total de 5 incendios que según la Fiscalía, consumieron 77.055 hectáreas de bosques que terminaron arrasados, afectando a 350 personas.

Esta cantidad de hectáreas afectadas correspondería 771 kilómetros cuadrados, es decir, equivale a las comunas de Rancagua, Talca y Concepción.

De acuerdo a la estimación del Ministerio Público, esta emergencia provocó además un gasto fiscal de 62 mil UF (unos $1.600 millones).

Para intentar acreditar los delitos, el Ministerio Público ha presentado una cantidad significativa de antecedentes, como las millonarias sanciones que tuvo CGE por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible en las regiones del Maule y O’Higgis.

Al respecto, el abogado Mauricio Daza, que representa a un grupo de víctimas, respaldó la petición de prisión preventiva realizada por el Ministerio Público.

Cabe destacar que la audiencia se podría extender hasta el jueves, e incluso el fallo respecto de las cautelares podría conocerse la próxima semana.

Zona se levanta con ayuda de privados

Algunos de los vecinos afectados llegaron hasta la audiencia, donde relataron a los medios de comunicación lo complejo que ha sido reponerse a la tragedia.

Mientras, el alcalde de Pumanque, Francisco Castro, se refirió a las labores de reconstrucción y ayuda para las personas afectadas, destacando la “fundamental” ayuda de privados.

Pese a que se estima que la formalización se extenderá hasta la próxima semana, los intervinientes están tratando de optimizar el tiempo para definir esta etapa procesal antes del feriado.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)