La Procuraduría General del Estado de Bolivia presentó este martes un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Iquique, en favor de los 9 ciudadanos bolivianos detenidos en la frontera el 20 de marzo pasado.
Se trata de una acción que forma parte de la defensa judicial boliviana, que buscará la liberación de sus ciudadanos basada en el argumento de que realizaban labores en la lucha contra el contrabando.
En esa línea, el procurador general del Estado, Pablo Menacho Diederich, aseguró en diálogo con Radio Bío Bío que se trata de una detención ilegal.
“Son personas que mientras se encontraban trabajando, actuaban como funcionarios públicos del Estado boliviano”, aseguró Menacho.
En ese sentido, apuntó a la supuesta victimización de los camioneros chilenos, quienes -a su juicio- estaban cometiendo un delito.
“Lo que más nos llama la atención, es que las supuestas víctimas que han sido presentadas por Fiscalía y Carabineros, han declarado abierta y expresamente haber estado en actividades de contrabando”, reclamó Menacho.
“Eran camiones cargados con ropa usada, estaban en pasos no autorizados para el transporte de mercancía legal”, insistió.
Destacar que la Procuraduría General del Estado viene a ser el símil del Consejo de Defensa del Estado (CDE) chileno.
Recordemos que los bolivianos -según nuestro país- fueron detenidos en territorio chileno, pero La Paz arguyó que fue en el suyo, lo que generó un nuevo clima de tensión bilateral.
Los 9 bolivianos están detenidos preventivamente en la cárcel de Alto Hospicio, a la espera del juicio, luego de ser acusados por la Fiscalía de asalto, tenencia y porte ilegal de armas, entre otros delitos.
Al incidente le sucedieron una cadena de hechos, como el hostigamiento -según Bolivia- de dos periodistas que se desplazaron a Chile para realizar una cobertura de los detenidos, y por este caso presentó un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, Santiago negó una visa de ingreso al ministro boliviano de Defensa, Reymi Ferreira, quien pretendió viajar para visitar a los nueve detenidos.
Este caso se produjo en medio dos litigios que ambos países sostienen en la Corte Internacional de Justicia de La Haya: Bolivia reclama que Chile cumpla sus históricas ofertas de resolverle su salida al mar, la que perdió en una guerra en 1879, mientras que Santiago demandó por el uso internacional de las aguas del fronterizo Silala.
